La violencia de género resquebraja a la sociedad y se incrementan los homicidios, feminicidios, la desaparición, la trata y el acoso, por tanto, la única manera de desterrar los antiderechos es orientando las acciones hacia el respeto de la dignidad humana, en especial la de niñas, adolescentes y mujeres, precisa el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García.
El documento firmado por el presidente de la Codhem menciona que ningún derecho puede existir si no se respeta la dignidad y exhorta a apropiarse del decálogo, "hagamos de sus palabras a pauta de nuestra forma de pensar y actuar, trabajemos por la autonomía de las mujeres, por su igualdad formal, sustantiva y de resultados".
El decálogo explica la necesidad de evitar la misoginia porque al ofender o maltratar a una mujer se vulnera el tejido social y que el feminicidio es la forma extrema de violencia hacia ella; enfatiza que nadie puede coartar el derecho a la libertad que tiene toda mujer para ejercerla plenamente; pide erradicar de la convivencia social en lo público y lo privado, así como en medios de comunicación, las conductas y expresiones lesivas.
Establece que las mujeres deben ser tratadas con absoluto respeto e igualdad real en los diversos ámbitos, como una forma de erradicar las asimetrías en todas sus manifestaciones; las afirmativas que fomentan el trato respetuoso e igualitario hacia dicho sector debe ser el ejercicio primario de civilidad y humanismo de la sociedad mexiquense.
Agrega que la libertad de expresión y sus derechos políticos para participar e incidir en la vida pública y toma de decisiones son tutelados por el Estado y deben ser difundidos, respetados e impulsados por la sociedad; la agenda legislativa debe tener como epicentro el pleno goce de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, por tanto se debe reformar toda ley y norma que lo impida.
Indica que México, como país aliado de las Naciones Unidas debe observar y cumplimentar las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; las instituciones tienen el deber moral de aceptar y cumplir las recomendaciones que emitan los organismos públicos defensores de derechos humanos.
Puntualiza que todas las instituciones públicas de los ámbitos local y municipal deben proporcionarles atención y servicios públicos en absoluta observancia a sus derechos humanos, mientras que los programas gubernamentales deben desarrollarse con perspectiva de género y apegados a la visión de los derechos humanos.