Pues según, el expediente fichado en noviembre del año pasado, justo antes de concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, se exoneraba a Anaya de estas acusaciones.
Fue en febrero de 2018, en medio de las campañas presidenciales, cuando la fiscalía expuso estar investigando a Anaya por un presunto lavado de dinero de 54 millones de pesos, de acuerdo con esta investigación, el empresario Manuel Barreiro simuló la venta de un edificio de uso industrial propiedad de Anaya a una empresa ficticia para hacer llegar este dinero al ex candidato presidencial.
El equipo de campaña de Anaya negó las acusaciones, pero la polémica creció cuando la Fiscalía filtró un vídeo en el que se veía al panista y a sus abogados acudir a las instalaciones del Ministerio Público pidiendo aclarar esas acusaciones.
Diego Fernández de Cevallos, asesor del panista, dijo ante este acto que las acusaciones de la fiscalía fueron: "una decisión mafiosa del PRI y de la PGR avalada por el presidente Peña Nieto".
Además, tachó esta supuesta estrategia del PRI de "estúpida" porque golpearon a Anaya para favorecer a Meade pero "no levantaron a su candidato" y favorecieron la victoria de López Obrador.
Con información de MVS Noticias y Reforma