· Los Comisionados del Infoem participaron en el Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia, en el cual se analizaron los mecanismos para dotar de recursos federales a los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas
La situación económica y financiera de los organismos garantes de transparencia y protección de los datos personales de las entidades federativas no se resuelve con pocos incrementos presupuestales otorgados por los gobiernos estatales, pues, para dar cabal cumplimiento a las legislaciones de la materia, requieren un mayor presupuesto, coincidieron Josefina Román Vergara y Javier Martínez Cruz.
La Comisionada Presidenta y el Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), respectivamente, participaron en el Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia, al cual asistieron los también Comisionados Zulema Martínez Sánchez y José Guadalupe Luna Hernández; legisladores federales y comisionados de otros estados del país.
Durante su participación en esta reunión, en la cual se analizaron los mecanismos para dotar de recursos federales a los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas, la titular del Infoem, Josefina Román Vergara, destacó que existe la posibilidad de que la federación otorgue recursos del ramo 33, pero, para ello, resulta necesario integrar una propuesta que contemple todas las necesidades específicas, los puntos de vista y las características de cada entidad federativa.
La propuesta, dijo, debe analizar la población, extensión territorial y presupuesto de cada entidad federativa, además de tomar en consideración el diagnóstico del avance de presupuesto basado en resultados y de la evaluación de desempeño elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, Román Vergara reconoció que, en el caso de la entidad mexiquense, el octavo transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios estipula que la Legislatura local se encuentra obligada a prever el presupuesto necesario para el cumplimiento de esta norma.
Por otra parte, el Comisionado Javier Martínez Cruz expuso los mecanismos de operación del Fondo de Fiscalización y Recaudación, así como la iniciativa por medio de la cual éste se reforma, que plantea fortalecer los incentivos que perciben los organismos garantes de las entidades federativas y su impacto en ellos. Además, subrayó que, para pedir más recursos, los estados deben demostrar que existen resultados, lo cual se manifiesta con la mejora de sus índices en materia de transparencia.
"Si queremos más recursos, hay que generar mayor recaudación, pero, sobre todo, hay que saber cómo gastarlos", enfatizó el Comisionado, quien planteó realizar una reingeniería de las fórmulas de distribución presupuestal en materia de transparencia, para que los organismos garantes cuenten con recursos financieros que permitan incrementar la difusión de los derechos fundamentales entre toda la población e impulsar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los sujetos obligados.
La situación económica y financiera de los organismos garantes de transparencia y protección de los datos personales de las entidades federativas no se resuelve con pocos incrementos presupuestales otorgados por los gobiernos estatales, pues, para dar cabal cumplimiento a las legislaciones de la materia, requieren un mayor presupuesto, coincidieron Josefina Román Vergara y Javier Martínez Cruz.
La Comisionada Presidenta y el Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), respectivamente, participaron en el Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia, al cual asistieron los también Comisionados Zulema Martínez Sánchez y José Guadalupe Luna Hernández; legisladores federales y comisionados de otros estados del país.
Durante su participación en esta reunión, en la cual se analizaron los mecanismos para dotar de recursos federales a los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas, la titular del Infoem, Josefina Román Vergara, destacó que existe la posibilidad de que la federación otorgue recursos del ramo 33, pero, para ello, resulta necesario integrar una propuesta que contemple todas las necesidades específicas, los puntos de vista y las características de cada entidad federativa.
La propuesta, dijo, debe analizar la población, extensión territorial y presupuesto de cada entidad federativa, además de tomar en consideración el diagnóstico del avance de presupuesto basado en resultados y de la evaluación de desempeño elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, Román Vergara reconoció que, en el caso de la entidad mexiquense, el octavo transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios estipula que la Legislatura local se encuentra obligada a prever el presupuesto necesario para el cumplimiento de esta norma.
Por otra parte, el Comisionado Javier Martínez Cruz expuso los mecanismos de operación del Fondo de Fiscalización y Recaudación, así como la iniciativa por medio de la cual éste se reforma, que plantea fortalecer los incentivos que perciben los organismos garantes de las entidades federativas y su impacto en ellos. Además, subrayó que, para pedir más recursos, los estados deben demostrar que existen resultados, lo cual se manifiesta con la mejora de sus índices en materia de transparencia.
"Si queremos más recursos, hay que generar mayor recaudación, pero, sobre todo, hay que saber cómo gastarlos", enfatizó el Comisionado, quien planteó realizar una reingeniería de las fórmulas de distribución presupuestal en materia de transparencia, para que los organismos garantes cuenten con recursos financieros que permitan incrementar la difusión de los derechos fundamentales entre toda la población e impulsar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los sujetos obligados.
