Con el objetivo de garantizar la seguridad, profesionalización y respeto a los derechos humanos en el tratamiento de personas con problemas de consumo de sustancias, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez, presentó ante la LXII Legislatura estatal una iniciativa de reforma a la Ley de Salud mexiquense para regular la operación de los centros de rehabilitación residenciales, conocidos popularmente como anexos. El proyecto, expuesto en tribuna por la legisladora Araceli Casasola Salazar, obliga a estos establecimientos a contar con un médico responsable titulado y un equipo multidisciplinario permanente integrado por profesionales de psicología, psiquiatría y nutrición.
La propuesta establece controles estrictos sobre los internamientos involuntarios, exigiendo una responsiva escrita de familiares ante riesgos inminentes, un aviso inmediato al Ministerio Público y un plazo máximo de veinte días para que el paciente decida de forma autónoma su permanencia o salida. Asimismo, prohíbe tajantemente retener o negar el alta médica bajo el pretexto de cuotas vencidas, ordena realizar valoraciones físicas y análisis clínicos completos al momento del ingreso, y exige que los responsables de modelos de ayuda mutua acrediten semestralmente mediante pruebas toxicológicas que no consumen sustancias psicoactivas.
En materia de infraestructura y sanciones, el dictamen contempla la separación física obligatoria por sexo y edad, instalaciones sanitarias dignas, vehículos de traslado debidamente rotulados y la clausura definitiva en caso de registrarse agresiones, delitos o consumo interno de drogas. Durante la exposición de motivos, se advirtió que mientras la entidad cuenta con apenas 47 centros reconocidos oficialmente por autoridades federales, operan en la informalidad entre 50 y 60 establecimientos irregulares donde la falta de supervisión médica y el hacinamiento han derivado en maltratos e incluso en fallecimientos encubiertos.
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