Las personas mayores que viven en zonas rurales enfrentan mayores probabilidades de realizar gastos directos para atender su salud en comparación con quienes habitan en áreas urbanas, señaló Roxana Rodríguez Franco, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
Durante la conferencia “Diferencias territoriales en el gasto de bolsillo en salud de las personas mayores: un análisis desde la comorbilidad de Enfermedades crónicas”, la especialista explicó que las condiciones de acceso a la seguridad social constituyen uno de los factores que marcan diferencias entre ambos tipos de territorio.
De acuerdo con los datos presentados, 75.1 por ciento de la población urbana cuenta con acceso a la seguridad social, mientras que en las zonas rurales la proporción se reduce a 42 por ciento.
Rodríguez Franco explicó que esta diferencia se relaciona con la posibilidad de que las personas deban asumir directamente el costo de consultas, medicamentos, tratamientos y otros servicios, particularmente entre quienes presentan padecimientos que requieren atención frecuente.
La investigadora recordó que el gasto en salud comprende el consumo final de bienes y servicios sanitarios, incluyendo atención médica y social, rehabilitación y consultas, además de servicios colectivos como campañas de prevención y actividades de administración sanitaria.
También señaló que, entre 1995 y 2005-2007, se observó una participación importante de los hogares en el financiamiento de la atención sanitaria, situación que evidenció el peso que pueden representar los gastos directos para las familias.
Mayor presión para los sistemas de salud
La especialista explicó que estos desafíos están relacionados también con la transición epidemiológica, proceso mediante el cual las enfermedades crónico-degenerativas han adquirido un mayor peso entre las causas de enfermedad y muerte frente a padecimientos infecciosos y agudos.
Durante el seminario “Determinantes Urbanas de la Salud y el Bienestar. Ciclo 2. Vivir la ciudad: salud y bienestar urbano”, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, Rodríguez Franco destacó que el aumento de la esperanza de vida ocurre al mismo tiempo que una mayor presencia de enfermedades crónicas.
Esta situación genera una demanda creciente de servicios médicos, medicamentos, insumos y cuidados de largo plazo, lo que representa una presión adicional para los sistemas de salud y para el Estado.
La investigadora señaló que entre las principales causas de fallecimiento de las personas de 60 años y más destacan enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas diabetes, padecimientos cardiovasculares, neoplasias y enfermedades renales.
Ante este escenario, sostuvo que las diferencias territoriales en el acceso a servicios y protección social deben considerarse para comprender cómo se distribuyen los gastos de salud y las condiciones de bienestar de la población adulta mayor.
La investigación plantea así la necesidad de analizar no solo la disponibilidad de servicios médicos, sino también las condiciones económicas y territoriales que determinan cuánto deben aportar directamente las familias para atender sus necesidades de salud.
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