Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y representantes comunitarios analizaron la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos durante un encuentro técnico-jurídico orientado a aportar observaciones a la consulta del Congreso de la Unión.
La directora del IIJ, Mónica González Contró, destacó que la legislación es clave para operacionalizar las prerrogativas reconocidas en la Constitución y tratados internacionales, señalando la complejidad de articular el pluralismo jurídico con el modelo tradicional del Estado-nación. Por su parte, la investigadora Erika Bárcena-Arévalo refirió que el proyecto otorga personalidad jurídica propia y patrimonio a los pueblos, aunque condiciona su reconocimiento como sujetos de derecho público al registro en un catálogo oficial.
Al respecto, la gobernadora de líderes tradicionales Tohono O’odham, Doraly Velasco León, y el abogado Arturo Aparicio Velázquez cuestionaron si el procedimiento administrativo limita la libre autodeterminación y la legitimidad interna de las comunidades. Señalaron que el esquema planteado refleja una tendencia del Estado por mantener un sobrecontrol organizativo sobre los pueblos indígenas y afromexicanos.
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