El Poder Judicial del Estado de México proyecta ampliar y modernizar su infraestructura para responder al incremento de asuntos y a las nuevas necesidades derivadas de la Reforma Judicial.
Durante el primer informe de labores 2025-2026, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, reconoció que la institución enfrenta una falta de instalaciones suficientes para atender la demanda de las y los mexiquenses.
El Poder Judicial cuenta actualmente con 74 inmuebles, varios de los cuales requieren mantenimiento y adecuaciones para responder a las nuevas exigencias operativas.
Entre las obras contempladas se encuentran nuevos espacios para los juzgados civiles de Chalco, instalaciones para los juzgados penales y civiles de El Oro, adecuaciones para la materia laboral y la construcción de infraestructura adicional en Toluca.
También se plantea la restauración y adaptación de aproximadamente 34 edificios.
En materia de equipamiento, durante el periodo se entregó mobiliario nuevo por alrededor de 74 millones de pesos en 30 por ciento de los edificios de la institución, mientras que también se distribuyeron bienes restaurados.
Uno de los proyectos reportados es la primera etapa del Archivo Regional, Almacén y Estacionamiento de Ecatepec, que registra un avance físico de 100 por ciento y financiero de 75 por ciento.
La institución también puso en marcha un protocolo de seguridad y vigilancia desarrollado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destinado a proteger a personas juzgadoras, personal y usuarios.
En paralelo, el Poder Judicial trabaja en la ampliación de sus servicios digitales, mecanismos de mediación, justicia laboral y atención especializada para pueblos y comunidades indígenas.
Macedo García señaló que la consolidación de estas acciones dependerá también de la disponibilidad presupuestal para el próximo ejercicio, al considerar que la infraestructura es indispensable para reducir tiempos de atención y acercar los servicios de justicia a la población.
El objetivo, sostuvo, es que la transformación institucional no se limite a la modificación de estructuras, sino que se traduzca en mejores condiciones para quienes acuden diariamente a los tribunales en busca de una solución a sus conflictos.
