El Poder Judicial del Estado de México informó que durante el primer año de aplicación de la Reforma Judicial implementó medidas de austeridad para reducir gastos administrativos y dirigir una mayor proporción de sus recursos hacia la impartición de justicia.
De acuerdo con el informe presentado por el magistrado Héctor Macedo García, 86 por ciento del presupuesto está destinado a la función jurisdiccional, mientras que 71 por ciento del personal se encuentra enfocado en la operación y fortalecimiento de los 217 órganos jurisdiccionales.
Entre las medidas adoptadas se encuentra una reducción de 25 por ciento en los salarios de mandos superiores administrativos, además de ajustes en las remuneraciones de las presidencias de los tres órganos que integran el nuevo modelo judicial.
También fueron eliminados gastos relacionados con telefonía celular, escoltas y adquisición de vehículos de alta gama o blindados.
El Poder Judicial reportó además un incremento de 32 por ciento en las licitaciones públicas respecto del periodo 2020-2025.
A través de políticas de racionalidad se proyectó un ahorro de 48 millones de pesos, mediante acciones relacionadas con el uso eficiente de tecnología, reducción del consumo de energía, reaprovechamiento de materiales, extensión de la vida útil de bienes y reducción del uso de papel.
La institución informó que sus estados financieros y el Fondo Auxiliar fueron dictaminados y auditados sin observaciones, mientras que por noveno año consecutivo la contabilidad institucional obtuvo reconocimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable.
También se mantienen certificaciones internacionales relacionadas con gestión antisoborno y seguridad de la información.
Macedo García sostuvo que el objetivo de estas medidas es que el gasto público se concentre en los juzgados, salas y tribunales, sin afectar los derechos laborales del personal.
