La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, exigió que se profundicen las investigaciones por la violencia política contra las mujeres en razón de género que, afirmó, sufrió durante el proceso electoral de 2024 y pidió que el caso no quede impune.
La alcaldesa señaló directamente al ex presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, actualmente diputado federal del Partido del Trabajo, y al entonces primer regidor Ernesto Santillán Ramírez, diputado local del mismo partido, como parte de las personas cuya posible responsabilidad, sostuvo, debe ser investigada.
El pronunciamiento ocurrió después de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) sancionara a Juan Gabriel Salazar Martínez, quien se desempeñaba como director de Comunicación Social de Ecatepec, por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género cometidos contra Cisneros Coss durante 2024.
La presidenta municipal informó que impugnó la resolución del tribunal al considerar que dejó fuera a otros exservidores públicos que, según su versión, también estuvieron involucrados en los hechos.
Cisneros Coss sostuvo que durante el proceso en el que fue seleccionada como candidata a la presidencia municipal de Ecatepec se utilizaron cargos públicos y recursos gubernamentales para realizar acciones en su contra y obstaculizar su candidatura.
La alcaldesa también confirmó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Afirmó que continuará con los procedimientos legales hasta que se esclarezcan las conductas denunciadas y se establezcan las sanciones que correspondan a quienes resulten responsables.
Cisneros Coss consideró que la resolución del caso es relevante no solo para su situación particular, sino también para evitar que otras mujeres enfrenten situaciones similares durante procesos electorales.
Finalmente, pidió a las autoridades estatales y federales dar seguimiento a las investigaciones y garantizar que los hechos denunciados sean esclarecidos, al sostener que la violencia política de género no debe quedar sin consecuencias.
