-57 mujeres consolidan su patrimonio, reflejo de una justicia con perspectiva social.
En un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) y el Gobierno estatal, se llevó a cabo la Jornada de Usucapión Social Itinerante en Atlacomulco, donde se otorgaron 155 sentencias que brindan certeza jurídica a familias de 11 municipios de la zona norte. Durante el evento, la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera destacó que obtener un título de propiedad va más allá de un trámite administrativo, pues representa la tranquilidad de un hogar seguro y la base para construir una historia de vida sin la incertidumbre de la irregularidad patrimonial.
Este programa destaca por su alto impacto económico, ya que el trabajo coordinado entre el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Poder Judicial permite reducir hasta en un 90% los costos de regularización. Alejandro Tenorio Esquivel, titular del IMEVIS, señaló que gracias a estas jornadas las familias evitan gastos que anteriormente ascendían hasta los 50 mil pesos, además de agilizar procesos legales que en el pasado tardaban años en resolverse, transformando radicalmente la eficiencia en el acceso a la justicia patrimonial.
La jornada tuvo un matiz de empoderamiento social, reconociendo especialmente el esfuerzo de 57 mujeres que lograron consolidar su trámite de propiedad. Historias como la de Claudia Angélica Nieto Reyes, quien tras un proceso personal difícil logró asegurar el futuro de su hijo, ejemplifican cómo la justicia humana y profesional del personal jurisdiccional se traduce en derechos materiales. Las sentencias beneficiaron a habitantes de municipios como San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Polotitlán, San José del Rincón y Jiquipilco, entre otros.
Finalmente, las autoridades resaltaron que la colaboración entre los Poderes del Estado es la clave para que programas de bienestar social tengan éxito. Al acercar los juzgados especializados directamente a las comunidades a través de la modalidad itinerante, el PJEdomex garantiza que el derecho a la vivienda digna y legal sea una realidad accesible para los sectores más vulnerables. Con estas acciones, el Estado de México reafirma su compromiso con la seguridad jurídica y el fortalecimiento del patrimonio familiar mexiquense.
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