La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su desacuerdo con las conclusiones emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, el cual determinó solicitar que la situación de desapariciones en México sea analizada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
En un posicionamiento, el organismo autónomo consideró que el dictamen del comité internacional presenta inconsistencias metodológicas y conceptuales, al tiempo que carece de una perspectiva histórica integral sobre el fenómeno en el país. Señaló que, por un lado, el CED reconoce que no existen indicios suficientes de una política deliberada del Estado mexicano para cometer desapariciones forzadas, pero por otro, sugiere que estos hechos responden a políticas institucionales u organizacionales, lo que calificó como una contradicción.
La CNDH sostuvo que el análisis del comité se basó en información parcial y en opiniones de organizaciones que, a su juicio, no reflejan de manera objetiva la situación actual, además de omitir los avances normativos, institucionales y presupuestales implementados en los últimos años para atender esta problemática. Asimismo, subrayó que, conforme a la propia Convención internacional en la materia, debieron agotarse primero los mecanismos nacionales antes de escalar el tema a instancias globales.
El organismo recordó que la mayor incidencia de desapariciones forzadas se registró en periodos específicos, como la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) y durante la estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón, etapa en la que —afirmó— se incrementaron de manera significativa estos casos. En contraste, señaló que desde 2018 las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido de forma sostenida.
En ese sentido, la CNDH destacó que ha emitido diversas recomendaciones en los últimos años para esclarecer casos del pasado, así como para atender hechos recientes con mayor celeridad, lo que —indicó— refleja un compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.
El organismo también cuestionó que el CED no haya incorporado en su análisis factores estructurales como la actuación del crimen organizado, el tráfico internacional de armas, el consumo de drogas y el lavado de dinero, elementos que, aseguró, han influido de manera determinante en la dinámica de violencia en México.
Asimismo, advirtió que la decisión del comité de proponer la intervención de la ONU mediante mecanismos de cooperación técnica, asistencia o financiamiento, retoma esquemas que en el pasado no han generado resultados efectivos, al no considerar las particularidades del contexto nacional.
Finalmente, la CNDH rechazó las posturas de algunas organizaciones no gubernamentales que —afirmó— han politizado el tema y reiteró su disposición a mantener el diálogo con organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas de desaparición en el país.
