Además, se exhorta y solicita el apoyo y colaboración de todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento, utilizar dichos programas con fines distintos al desarrollo social, en el marco del Proceso Electoral que está en curso, a efecto de no influir en la equidad de la contienda electoral.
Lo anterior, en atención a que uno de los principios de la política en materia de Desarrollo Social es la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, que se traduce en una aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los mismos. Principio que en el marco de los procesos electorales adquiere relevancia, pues es una obligación constitucional para todo servidor público aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, con la finalidad de mantener la equidad de la competencia entre los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes.