Con el indicador de que ocho de cada diez mujeres privadas de la libertad en el Estado de México son madres, autoridades estatales presentaron el Protocolo para la prevención y atención del derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia e integridad personal de la niñez con referentes de crianza en prisión.
El texto se define como una herramienta obligatoria para las instituciones que intervienen en este ámbito y busca alinear la actuación gubernamental con compromisos nacionales e internacionales en favor de la infancia.
Su propósito es orientar la acción interinstitucional desde un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El protocolo establece que la protección integral debe aplicarse tanto a los menores que permanecen con sus madres en los centros penitenciarios como a quienes se encuentran en el exterior en situación de vulnerabilidad.
La base jurídica que lo sustenta parte del principio del interés superior de la niñez y de la obligación de priorizar su bienestar en todas las decisiones de las autoridades.
“Este documento reconoce que la función pública en esta materia debe garantizar el interés superior de la niñez y sus derechos a la no discriminación, a la protección integral y a una vida libre de violencia, tanto dentro como fuera de los centros de reclusión”, se señala en el texto.
Entre las medidas que integra el documento se encuentran lineamientos para determinar la custodia de niñas y niños cuando una mujer ingresa a prisión, la obligación de contar con servicios médicos en pediatría y psicología dentro de los centros, diagnósticos nutricionales adaptados a cada caso y espacios de educación inicial que fortalezcan el desarrollo temprano.
El protocolo también regula procedimientos de atención en casos de violencia o discriminación y contempla la posibilidad de externamiento urgente cuando la seguridad de los menores esté en riesgo. Además, subraya la importancia de coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y con redes familiares a fin de garantizar entornos adecuados de crianza.
La implementación del documento quedará a cargo del Comité Interinstitucional para la Protección de los Derechos de la Niñez con Referentes de Crianza en Prisión, en el que participan el Poder Judicial del Estado de México, el Consejo de la Judicatura, la Universidad Autónoma del Estado de México y el DIFEM.
La UAEMéx participa a través de la Rectoría y de las secretarías de Docencia, Investigación y Estudios Avanzados, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Finanzas y Planeación, así como de la Dirección General de Centros Universitarios.
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