El pasado 20 de septiembre, se reportó el fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, una joven de apenas 14 años que habría sido sometida a una operación estética en Durango, hecho que ha provocado la indignación pública, revelado presuntas irregularidades y activado investigaciones por parte de autoridades y organizaciones médicas.
Según el padre de la menor, Carlos Arellano, la intervención (principalmente un aumento de busto, además de liposucción y otras técnicas) se habría realizado sin su consentimiento, autorizado únicamente por la madre de Paloma Nicole, quien sería pareja del cirujano implicado.
El padre denunció que inicialmente se le informó que habían viajado a la sierra en Durango por un supuesto contagio de COVID-19, lo que le pareció extraño. Días después le informaron que su hija estaba hospitalizada en estado grave. El certificado de defunción establece causas como edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.
A nivel de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante la conferencia matutina de este miércoles que su administración “buscará la información” sobre el caso y se acercará a la familia para atenderlo.
En tanto, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) anunció que solicitó la suspensión provisional del médico involucrado y abrió un caso con su comité de ética. Aunque la suspensión fue interna dentro de la asociación, el cirujano aún podría ejercer si mantiene vigente su cédula profesional.
El debate en México sobre la regulación de las cirugías estéticas en menores se intensificó a partir de este el caso.
El caso ha alimentado el debate sobre los vacíos legales que permiten a una menor de edad someterse a un procedimiento estético, así como las presiones sociales que recaen con especial fuerza sobre las adolescentes para encajar en un ideal de belleza y la banalización de las operaciones estéticas a través de redes sociales.
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