En un contexto de profunda transformación del Poder Judicial, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito ha sentado un precedente clave sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en las funciones jurisdiccionales. La sentencia, dictada en el recurso de queja 212/2025, llega justo cuando México se prepara para la incorporación de cientos de nuevos jueces y magistrados electos por voto ciudadano.
La resolución establece criterios claros y vinculantes sobre cómo debe emplearse la inteligencia artificial en los tribunales: únicamente como herramienta técnica de apoyo, con transparencia metodológica, protección de datos personales y supervisión humana permanente.
En el caso concreto, el tribunal resolvió una controversia relacionada con el monto arbitrario de una garantía exigida para inscribir una demanda de amparo en el Registro Público de la Propiedad.
Por iniciativa del magistrado Juan Jaime González Varas, el tribunal empleó IA para calcular la garantía de manera objetiva, utilizando datos del INEGI, Banxico y el Consejo de la Judicatura Federal.
La metodología aplicada consideró el valor del inmueble, la inflación proyectada, la tasa de interés interbancaria y la duración estimada del juicio. Gracias a este enfoque técnico, el monto resultante fue menor al originalmente fijado, pero debidamente fundamentado y verificable. La inteligencia artificial, en este contexto, solo ejecutó cálculos complejos; el juicio de fondo siguió siendo responsabilidad exclusiva del tribunal.
Como resultado, el Semanario Judicial de la Federación verá por primera vez en su historia el término “inteligencia artificial” en un par de tesis de la undécima época, incluso antes de que la nueva Corte rinda protesta.
La sentencia determina que la IA puede utilizarse en funciones técnicas, como el cálculo de garantías o pensiones, sin sustituir la interpretación jurídica ni el juicio del juzgador; a la vez que fija principios para un uso ético, transparente y responsable de estas herramientas, incluyendo la supervisión humana y la garantía de derechos fundamentales.
Este precedente ofrece una guía replicable para el uso controlado de IA en tareas técnicas dentro del sistema judicial, como el cálculo de intereses, indemnizaciones o actualizaciones monetarias. Toda persona juzgadora que utilice IA deberá declararlo expresamente, justificar su método y mantener el control humano en todo momento.
Con esta decisión, el Poder Judicial se anticipa al cambio institucional que supondrá la llegada de nuevos jueces, trazando un estándar que busca evitar decisiones automatizadas o poco claras.
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