Ante la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales tienen la oportunidad de atender algunas de las tareas que realizaba dicho organismo. La evaluación es una actividad fundamental para conocer los resultados de las políticas y programas sociales, así como para mejorar su diseño e implementación.
En la mesa de diálogo «Cambios y retos de los nuevos arreglos institucionales de la evaluación en México», organizada como parte de las actividades de la Semana de la Evaluación Glocal 2025, participaron cuatro profesores-investigadores de El Colegio Mexiquense para analizar la situación que se deriva de la desaparición del Coneval y la incorporación de algunas de sus funciones al INEGI.
Al responder a tres preguntas en rondas sucesivas, Gloria Guadarrama Sánchez, Cecilia Cadena Inostroza, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza y Juan Carlos Martínez Andrade abordaron la incertidumbre que genera la pregunta sobre cómo se realizará la labor que durante 18 años desempeñó el Coneval. Esta labor no solo implicaba medir la pobreza, sino también evaluar políticas y programas sociales, y brindar apoyo técnico a estados y municipios.
Gloria Guadarrama Sánchez señaló que actualmente se percibe una desarticulación en la evaluación de la política social, y que no existen nuevos esquemas que sustituyan a los que se aplicaron durante casi dos décadas. Como ejemplo, mencionó los programas dirigidos a mujeres, en los cuales las dependencias encargadas de atender a ese sector no tienen injerencia directa. Además, advirtió sobre el impacto negativo que la falta de un nuevo sistema de evaluación tiene sobre los actores de la política social.
Por su parte, Cecilia Cadena Inostroza destacó que el Coneval logró consolidar prácticas técnicas y profesionales robustas en materia de medición de la pobreza y evaluación de políticas sociales. Expresó su preocupación por los efectos que la desaparición del organismo pueda tener en la transparencia, rendición de cuentas y el eventual uso electoral de los programas sociales.
Miguel Adolfo Guajardo Mendoza alertó sobre los riesgos de operar sin esquemas claros de evaluación, reflexionó sobre las posibilidades de que el INEGI asuma las funciones del Coneval, y reconoció que sin una evaluación adecuada, disminuyen las oportunidades de mejorar las políticas públicas.
En su intervención, Juan Carlos Martínez Andrade afirmó que México aún no ha logrado crear un marco de referencia claro para entender la evaluación, lo que podría llevar a perder la oportunidad de generar un entorno de conocimiento sobre las acciones del gobierno y el uso de los programas sociales.
Ante la pregunta sobre el papel de la sociedad civil y la academia en este nuevo contexto, los participantes coincidieron en que ambas, junto con los organismos internacionales, pueden seguir desempeñando un papel central en las tareas de evaluación. Asimismo, expresaron su esperanza de que los gobiernos locales que ya realizan evaluaciones de sus políticas y programas continúen haciéndolo.
La sesión fue moderada por Regina Moreno, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio Mexiquense.
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