Colectivos dedicados a la protección de la infancia exhortaron a los jueces del Estado de México a evitar que niñas, niños y adolescentes sean manipulados para emitir declaraciones falsas en juicios, particularmente en casos de materia familiar, donde aseguran, suele ponerse a los menores en contra de una de las partes.
Los colectivos emitieron un posicionamiento frente a la sede del Poder Judicial del Estado de México, donde solicitaron que se agoten todas las pruebas científicas antes de emitir una sentencia para garantizar la protección de los menores y evitar la implicación de personas inocentes.
Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la asociación civil Más Infancia Feliz y Poder Civil, señaló que es común que en los casos judiciales relacionados con divorcios, los menores sean utilizados para perjudicar a una de las partes involucradas, por lo que se requiere que el Poder Judicial ponga candados e implemente métodos como las pruebas periciales con especialistas en psicología clínica para determinar si los testimonios han sido coaccionados.
El activista indicó que semanalmente reciben hasta 20 denuncias de presuntas carpetas de investigación fabricadas, lo que evidencia que la corrupción sigue siendo un problema recurrente en los casos familiares, pues entre otros casos, actualmente se registra el de un profesor que lleva dos años recluido en el penal de Neza Bordo, sin sentencia, basado únicamente en un testimonio que podría ser falso.
Incluso más preocupante que las personas que pudiesen resultar afectadas por declaraciones a las que son obligados los menores de edad, los activistas señalaron que están los efectos que se pueden provocar en los menores de edad como secuelas psicológicas que enfrentan los menores manipulados en estos procesos, como depresión, ansiedad y problemas de personalidad.
En este sentido, insistieron en la importancia de utilizar herramientas científicas para evitar la manipulación de los menores, como las cámaras de Gesell, que permiten videograbar las declaraciones de los infantes y analizar su lenguaje no verbal sin necesidad de revictimizarlos. Esto, afirmaron, ayudaría a los jueces a contar con pruebas objetivas que puedan ser revisadas por peritos en caso de inconformidad por alguna de las partes involucradas.
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