Acreditaron la propiedad con títulos primordiales desde 1895, con contratos de compra-venta firmados por presidentes de la república en la década de 1930, así como escrituras públicas, inmatriculaciones, traslado de dominio, pago predial, etc.
Como resultado de esta movilización se instaló una mesa en la SEGOB encabezada por el Lic. Osuna quien reconoció que había múltiples evidencias que acreditaban los derechos de propiedad o posesión sobre estas tierras y que en todo caso debería dilucidarse en una mesa de diálogo a quien corresponde definitivamente la propiedad si a los pequeños propietarios o al gobierno federal.
El Lic. Osuna solicito explícita y formalmente a los propietarios de los Tlateles de establecer una tregua, que serviría para valorar las pruebas que aportaran las partes en este litigio.
Mientras tanto, las acciones legales de los propietarios, 22 amparos, 22 demandas federales, 190 denuncias en la PGR, las 200 quejas ante la CNDH y las 200 solicitudes de información ante el INAI seguirán su curso.