Fueron absueltos por un juez militar soldados acusados por presuntamente participar en la ejecución en el municipio de Tlatlaya donde fueron acribillados 22 personas en una bodega.
Por alguna razón el caso parece que se encamina a quedar impune, así lo aseguraron organizaciones defensoras de los derechos humanos, después que el juzgado sexto militar que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictara sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos militares que participaron aquel junio de 2014.
El séptimo elemento si fue condenado, aunque solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya cumplió.
Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro Nacional de Comunicación Social firmaron un comunicado en el que exigieron que se haga justicia por estos crímenes.
‘‘La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.
‘‘Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.’’ Las ONG lamentaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, aun cuando hay procesos iniciados en la justicia civil, sin que hasta el momento se avance.
‘‘Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.’’
También los líderes de los organismos civiles firmantes del comunicado hicieron una crítica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que negó el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la SEDENA la clasifico como reservada.
Los organismos civiles también criticaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya negado el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la Sedena ‘‘la había clasificado como reservada’’.
Con información de La Jornada, foto MVS Noticias (Archivo)
El séptimo elemento si fue condenado, aunque solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya cumplió.
Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro Nacional de Comunicación Social firmaron un comunicado en el que exigieron que se haga justicia por estos crímenes.
‘‘La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.
‘‘Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.’’ Las ONG lamentaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, aun cuando hay procesos iniciados en la justicia civil, sin que hasta el momento se avance.
‘‘Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.’’
También los líderes de los organismos civiles firmantes del comunicado hicieron una crítica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que negó el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la SEDENA la clasifico como reservada.
Los organismos civiles también criticaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya negado el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la Sedena ‘‘la había clasificado como reservada’’.
Con información de La Jornada, foto MVS Noticias (Archivo)
