La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), desarticuló un grupo señalado por presuntamente suplantar la identidad de funcionarios y figuras públicas para obtener recursos económicos mediante esquemas de extorsión.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”, quienes son investigados por su probable participación en diversos casos relacionados con la suplantación de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoridades del Estado de México, entre otras instituciones.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría operado desde al menos 2021 y tenía como principales objetivos a políticos, servidores públicos y empresarios. Para establecer contacto con las víctimas utilizaban números telefónicos personales que presuntamente obtenían mediante una red de relaciones construida a partir de sus vínculos con distintos sectores de la administración pública.
Las indagatorias señalan que Luis “N”, quien ocupó cargos públicos, entre ellos el de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, habría utilizado su conocimiento de estructuras gubernamentales para facilitar las operaciones del grupo.
La investigación ubica el presunto centro de operaciones en una residencia localizada dentro del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde se realizaron diligencias de cateo y fueron asegurados diversos indicios relacionados con las actividades investigadas.
El supuesto mecanismo de operación comenzaba con un primer contacto mediante llamadas o mensajes de texto. Los integrantes del grupo se presentaban como asistentes o secretarios particulares de funcionarios de alto nivel y utilizaban información previamente obtenida para generar confianza entre sus objetivos.
Posteriormente, las víctimas recibían llamadas de personas que presuntamente se hacían pasar por ministros, gobernadores, presidentes municipales o servidores públicos federales y estatales. En estas comunicaciones se solicitaban apoyos económicos bajo distintos argumentos, como cubrir gastos de operación política, agilizar pagos, incorporar personas a puestos laborales o recomendar empresas para la contratación de servicios.
La Fiscalía mexiquense también investiga el uso de herramientas de inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios y generar conversaciones ficticias que posteriormente eran compartidas con las víctimas como parte del mecanismo de engaño.
Para reforzar la apariencia de legitimidad, los números utilizados presuntamente tenían fotografías, logotipos, nombres oficiales o elementos relacionados con las instituciones y personas que eran suplantadas.
Durante un cateo realizado en el inmueble señalado como centro de operaciones, las autoridades localizaron diversos teléfonos celulares que los investigados habrían intentado ocultar, además de múltiples tarjetas SIM y vehículos de alta gama.
Las investigaciones establecieron que el grupo habría utilizado al menos 19 dispositivos móviles, entre teléfonos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, algunos de los cuales presentaban registros de uso con las tarjetas SIM aseguradas y coincidencias con números telefónicos reportados por algunas víctimas.
De acuerdo con la autoridad ministerial, los recursos obtenidos mediante las presuntas actividades ilícitas eran entregados principalmente en efectivo. La investigación también señala que, cuando era necesario ingresar dinero al sistema financiero, presuntamente se utilizaba una empresa dedicada a actividades de arquitectura y construcción vinculada con una de las detenidas.
Parte de los recursos investigados habría sido destinado a la adquisición de propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Tras las investigaciones, la Fiscalía mexiquense estableció en grado de probabilidad la participación de las cinco personas detenidas en los hechos investigados. Todos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de la autoridad judicial.
El pasado 6 de octubre, un juez determinó vincularlos a proceso por el delito de extorsión e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Las autoridades señalaron que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.
#SSPC #FGJEM #Edoméx #Seguridad #Extorsión #SuplantaciónDeIdentidad #Investigación #EstadoDeMéxico #Justicia #OscarGlenn
