La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, mediante el cual integrantes de su gabinete asumieron una serie de compromisos orientados a fortalecer la transparencia, la austeridad y el servicio público.
Durante la conferencia de prensa, realizada en el marco del segundo aniversario de su administración, Brugada señaló que la firma representa una reafirmación de los principios que deben guiar el ejercicio del gobierno y sostuvo que la transformación de la capital requiere una nueva ética pública.
La mandataria capitalina afirmó que la honestidad, la austeridad y el combate frontal a la corrupción deben mantenerse como pilares de su administración, al considerar que el servicio público representa una responsabilidad frente a la ciudadanía y no un privilegio personal.
El decálogo establece como primer principio el derecho de la población a una buena administración pública, basado en la legalidad, integridad, eficacia y diligencia de las instituciones. Brugada destacó que gobernar correctamente no constituye una concesión, sino una obligación frente a quienes habitan la Ciudad de México.
Otro de los compromisos plantea que el presupuesto público debe utilizarse exclusivamente para atender las necesidades de la población, mediante obras, servicios, derechos y acciones de bienestar. En este sentido, la jefa de Gobierno advirtió que ningún recurso público deberá destinarse a intereses particulares o a la obtención de beneficios personales.
El documento también contempla un compromiso de cero corrupción e impunidad, con rechazo a prácticas como los sobornos, los llamados moches, el influyentismo, los conflictos de interés, el nepotismo y cualquier conducta que implique utilizar un cargo público para favorecer intereses personales, familiares, políticos o de grupo.
Brugada señaló además que la privatización indebida de bienes o espacios públicos será considerada una forma de corrupción y sostuvo que quienes traicionen la confianza de la ciudadanía deberán asumir las consecuencias correspondientes.
Dentro del decálogo se establece también que el poder debe utilizarse para servir y no para obtener privilegios. La mandataria sostuvo que ocupar un cargo público implica asumir obligaciones y que ninguna persona integrante del gobierno debe colocarse por encima de la ley o de la ciudadanía.
Otro de los puntos establece la eliminación de lujos, privilegios y gastos superfluos dentro de la administración pública. Bajo el principio de austeridad, Brugada llamó a quienes integran el gobierno a conducir sus actividades con el ejemplo y evitar que los recursos públicos sean utilizados para mantener estilos de vida alejados de las necesidades de la población.
La transparencia y la rendición de cuentas forman parte de los compromisos centrales del código, al considerar que la ciudadanía debe tener acceso a información sobre las decisiones gubernamentales y el destino de los recursos públicos.
El documento también plantea reducir la burocracia y facilitar los trámites y servicios, con el objetivo de que las instituciones funcionen como instrumentos para resolver las necesidades de la población y no como obstáculos para acceder a los servicios gubernamentales.
En materia de atención ciudadana, Brugada estableció el compromiso de mantener un trato digno y respetuoso, con tolerancia cero frente a la prepotencia, discriminación, acoso y abuso de poder. También destacó la obligación de combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres y las conductas discriminatorias por razones sociales, económicas, de género, edad, discapacidad, condición de salud, pertenencia étnica u origen.
El noveno principio plantea gobernar para toda la población y priorizar a quienes más lo necesitan, mediante una administración cercana al territorio. La jefa de Gobierno señaló que el ejercicio gubernamental debe realizarse en las calles y comunidades, escuchando directamente a la ciudadanía y atendiendo las desigualdades sociales, territoriales y de género.
Finalmente, el decálogo establece que el servicio público debe utilizarse para transformar y mejorar las condiciones de vida de la población, y no únicamente para administrar las estructuras existentes o garantizar la permanencia de determinados grupos en el poder.
Brugada solicitó a la Secretaría de la Contraloría General que el código sea firmado por las personas servidoras públicas de confianza que forman parte del Gobierno de la Ciudad de México y pidió que se informe periódicamente sobre las sanciones impuestas a funcionarios públicos.
Durante el acto, las y los integrantes del gabinete capitalino suscribieron el documento, entre ellos titulares de las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Administración y Finanzas, Obras y Servicios, Medio Ambiente, Salud, Movilidad, Cultura, Educación, Trabajo, Vivienda y Turismo, así como responsables de organismos y áreas estratégicas de la administración.
La jefa de Gobierno también aprovechó el segundo aniversario de su gestión para reconocer el trabajo realizado por el gabinete y destacar la labor de los medios de comunicación que han dado seguimiento a las actividades de la administración capitalina durante estos dos años.
Al concluir la firma, Brugada sostuvo que el ejercicio del poder debe mantenerse vinculado con la ciudadanía y reiteró que los recursos públicos pertenecen a la población, mientras que los cargos gubernamentales representan responsabilidades temporales.
Con este compromiso, la administración capitalina busca establecer una ruta de actuación para el tercer año de gobierno basada en la honestidad, la austeridad, la transparencia, la cercanía con la ciudadanía y el combate a cualquier forma de corrupción.
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