- Salarios precarios e insuficientes para la mitad de quienes trabajan en grandes empresas y sectores altamente rentables como bancos, aseguradoras y corporativos
- Urge que gobiernos y empresarios actuan por los derechos laborales.
- Urge que gobiernos y empresarios actuan por los derechos laborales.
De acuerdo con información publicada por la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza en el décimo segundo reporte del Observatorio de Trabajo Digno, la pobreza en México se produce desde el sistema laboral y el año 2021 cerró con niveles alarmantes de pobreza laboral, destacando entre otras cosas que de manera lamenable 33 millones de personas trabajan y carecen de ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, son 2/3 de la población ocupada, lo que equivale al 66.6% y 34.5 millones de personas ocupadas carecen de afiliación al seguro social, que son 6 de cada 10 personas ocupadas (61%).
El estudio expone que estas dos carencias niegan sistemáticamente el derecho al trabajo digno establecido en la constitución. Estas mismas carencias son las variables más altas en la medición de la pobreza y así el trabajo se convierte en fábrica de pobreza, en lugar de ser la puerta de salida.
La causa de esta realidad estructural de pobreza laboral es que durante muchos años se ha promovido la creación de empleo sin importar su calidad donde los salarios quedaron deprimidos por la etapa de inflación y no han recuperado su valor.
- El salario mínimo perdió el 70% de su valor entre 1976 y 1996. Muchos de los trabajos creados en los últimos años son de bajos salarios. Entre 2012 y 2018 se perdieron casi 1 millón de trabajos bien remunerados, con ingreso superior a 5 canastas básicas ($19,585).2 A fines de 2021, solo el 4.4% de la población ocupada tiene trabajos bien remunerados.
- Muchos de los “trabajos del futuro”, por ejemplo, los empleos en empresas basadas en plataformas tecnológicas se presentan como trabajos independientes, con horario flexible y autonomía. En realidad, estos modelos de negocio evaden el pago de salarios fijos, pues pagan “por comisiones”. Y sobre todo evitan el pago del seguro social, de prestaciones y de contratos estables con obligación de indemnización por despido, pues no reconocen la relación “obrero-patronal”.
- La contratación temporal y la falta de contrato siguen afectando a más de la mitad de quienes tienen trabajo asalariado y subordinado (52%, es decir 18.6 millones de personas). Pese a la reforma para erradicar el outsourcing abusivo, aún no se percibe un cambio claro en esta condición que viola derechos laborales y coloca en la indefensión a las y los trabajadores.
- La exclusión de las mujeres sigue estando entre las mas altas de América Latina y de la OCDE. La tasa de desempleo de las mujeres es casi el doble (20% vs 11%) que los hombres, afectando a 5 millones 530 mil mujeres que buscan trabajo o están disponibles y listas para trabajar. La exclusión también afecta a 14 millones 500 mil mujeres que no están disponibles para trabajar, pues trabajan sin remuneración en labores domésticas y trabajos de cuidado.
Los trabajos que son fábricas de pobreza por bajos salarios y falta de seguro social son una realidad generalizada y estructural de toda la economía y del sistema laboral. La precariedad es mucho más aguda en los estados del sur sureste y en las unidades económicas micro y pequeñas. Sin embargo, también está presente en la gran y mediana empresa, donde la mitad de las personas carecen de salario suficiente (46% y 53% respectivamente). O en los sectores económicos más dinámicos y rentables, como los bancos y aseguradoras y los corporativos empresariales. Esto es muy grave e inaceptable.
Este 1o de mayo se hace aún más urgente el llamado a las autoridades y al sector privado a colocar los derechos laborales al centro del modelo económico. No puede haber reducción de la pobreza sin recuperación salarial. Tampoco habrá crecimiento económico sin impulso al mercado interno mediante la recuperación de los salarios deprimidos por años.
También urge trazar la ruta para construir un sistema de salud y protección social universal, no condicionado al trabajo, financiado con impuestos generales y no como impuesto a la nómina.
Ante este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone impulsar un plan de trabajo que promueva los derechos laborales y la recuperación de los salarios, con acciones como:
- Promover acuerdos para la adopción de salario suficiente por parte de empresas como parte de su “responsabilidad social empresarial”.
- Mantener el diálogo y la exigencia con autoridades y representantes de la iniciativa privada por la recuperación del salario mínimo para que cubra el costo de dos canastas básicas a más tardar en 2024.
- Impulsar la difusión y capacitación sobre derechos laborales a jóvenes que se incorporan al trabajo, a fin de hacer realidad los cambios de la reforma laboral en materia de justicia laboral y sindicalismo independiente y democrático.
- Acordar con empresas la erradicación de prácticas de contratación laboral y condiciones laborales que obstaculizan el acceso al derecho del trabajo de las mujeres y jóvenes. En particular, insistir en la urgencia de la creación de un sistema nacional de cuidados con presupuesto suficiente y el impulso al primer empleo en condiciones de trabajo digno para jóvenes, como lo propone la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
- Continuar el análisis, monitoreo y difusión de los indicadores de violación de las normas del derecho al trabajo digno, especialmente en foros empresariales.
- Desarrollar campañas para exigir cambios en condiciones laborales en industrias y ramas económicas específicas, a fin de que cumplan con las normas y estándares del trabajo digno.
- Establecer relaciones y diálogos con organizaciones de Canadá y EEUU para promover derechos laborales en México, en el marco del TMEC.
El estudio expone que estas dos carencias niegan sistemáticamente el derecho al trabajo digno establecido en la constitución. Estas mismas carencias son las variables más altas en la medición de la pobreza y así el trabajo se convierte en fábrica de pobreza, en lugar de ser la puerta de salida.
La causa de esta realidad estructural de pobreza laboral es que durante muchos años se ha promovido la creación de empleo sin importar su calidad donde los salarios quedaron deprimidos por la etapa de inflación y no han recuperado su valor.
- El salario mínimo perdió el 70% de su valor entre 1976 y 1996. Muchos de los trabajos creados en los últimos años son de bajos salarios. Entre 2012 y 2018 se perdieron casi 1 millón de trabajos bien remunerados, con ingreso superior a 5 canastas básicas ($19,585).2 A fines de 2021, solo el 4.4% de la población ocupada tiene trabajos bien remunerados.
- Muchos de los “trabajos del futuro”, por ejemplo, los empleos en empresas basadas en plataformas tecnológicas se presentan como trabajos independientes, con horario flexible y autonomía. En realidad, estos modelos de negocio evaden el pago de salarios fijos, pues pagan “por comisiones”. Y sobre todo evitan el pago del seguro social, de prestaciones y de contratos estables con obligación de indemnización por despido, pues no reconocen la relación “obrero-patronal”.
- La contratación temporal y la falta de contrato siguen afectando a más de la mitad de quienes tienen trabajo asalariado y subordinado (52%, es decir 18.6 millones de personas). Pese a la reforma para erradicar el outsourcing abusivo, aún no se percibe un cambio claro en esta condición que viola derechos laborales y coloca en la indefensión a las y los trabajadores.
- La exclusión de las mujeres sigue estando entre las mas altas de América Latina y de la OCDE. La tasa de desempleo de las mujeres es casi el doble (20% vs 11%) que los hombres, afectando a 5 millones 530 mil mujeres que buscan trabajo o están disponibles y listas para trabajar. La exclusión también afecta a 14 millones 500 mil mujeres que no están disponibles para trabajar, pues trabajan sin remuneración en labores domésticas y trabajos de cuidado.
Los trabajos que son fábricas de pobreza por bajos salarios y falta de seguro social son una realidad generalizada y estructural de toda la economía y del sistema laboral. La precariedad es mucho más aguda en los estados del sur sureste y en las unidades económicas micro y pequeñas. Sin embargo, también está presente en la gran y mediana empresa, donde la mitad de las personas carecen de salario suficiente (46% y 53% respectivamente). O en los sectores económicos más dinámicos y rentables, como los bancos y aseguradoras y los corporativos empresariales. Esto es muy grave e inaceptable.
Este 1o de mayo se hace aún más urgente el llamado a las autoridades y al sector privado a colocar los derechos laborales al centro del modelo económico. No puede haber reducción de la pobreza sin recuperación salarial. Tampoco habrá crecimiento económico sin impulso al mercado interno mediante la recuperación de los salarios deprimidos por años.
También urge trazar la ruta para construir un sistema de salud y protección social universal, no condicionado al trabajo, financiado con impuestos generales y no como impuesto a la nómina.
Ante este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone impulsar un plan de trabajo que promueva los derechos laborales y la recuperación de los salarios, con acciones como:
- Promover acuerdos para la adopción de salario suficiente por parte de empresas como parte de su “responsabilidad social empresarial”.
- Mantener el diálogo y la exigencia con autoridades y representantes de la iniciativa privada por la recuperación del salario mínimo para que cubra el costo de dos canastas básicas a más tardar en 2024.
- Impulsar la difusión y capacitación sobre derechos laborales a jóvenes que se incorporan al trabajo, a fin de hacer realidad los cambios de la reforma laboral en materia de justicia laboral y sindicalismo independiente y democrático.
- Acordar con empresas la erradicación de prácticas de contratación laboral y condiciones laborales que obstaculizan el acceso al derecho del trabajo de las mujeres y jóvenes. En particular, insistir en la urgencia de la creación de un sistema nacional de cuidados con presupuesto suficiente y el impulso al primer empleo en condiciones de trabajo digno para jóvenes, como lo propone la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
- Continuar el análisis, monitoreo y difusión de los indicadores de violación de las normas del derecho al trabajo digno, especialmente en foros empresariales.
- Desarrollar campañas para exigir cambios en condiciones laborales en industrias y ramas económicas específicas, a fin de que cumplan con las normas y estándares del trabajo digno.
- Establecer relaciones y diálogos con organizaciones de Canadá y EEUU para promover derechos laborales en México, en el marco del TMEC.
