Aún no se han creado las instancias directas para su atención, sostuvo la especialista Ana Elisa Banderas Miranda, en la Universidad Autónoma del Estado de México.
La violencia de género es uno de los mayores retos jurídicos y sociales para el sistema político mexicano, ya que aún no se han creado las instancias directas para su atención, sostuvo la especialista Ana Elisa Banderas Miranda, en la Universidad Autónoma del Estado de México.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, donde dictó la conferencia "La violencia política contra la mujer frente a las nuevas masculinidades", indicó que la política ha sido impactada por las diversas acciones realizadas para lograr equidad de género en la sociedad mexicana y no como una medida propia del ámbito político.
La investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México refirió que debido a la presión social con respecto a la equidad entre hombres y mujeres, la representatividad de ambos empieza a equilibrarse.
Señaló que hasta hace dos décadas, en la entonces conocida como Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, solo 15 por ciento de las curules eran ocupadas por mujeres y en la actualidad la cifra asciende a 50 por ciento.
En el Estado de México, manifestó Banderas Miranda, el panorama es similar y el Congreso local ya alcanza hasta 40 por ciento de presencia femenina, al igual que en las candidaturas a cargos públicos.
Afirmó que en el ámbito de la política la violencia de género se ejerce cuando no hay oportunidad para lograr una candidatura o si se logra, se es despojada de la misma y asigna, finalmente, a un hombre.
"Las mujeres que en la política son víctimas de este delito recorren un amplio camino para obtener justicia. Deben agotar las instancias judiciales para hacer valer sus derechos políticos electorales e, incluso, de seguridad; además, requieren de un capital político para enfrentar el delito como es el respaldo de su partido u de otros actores".
Se requiere, puntualizó, tiempo, dinero y apoyo de su partido para que la denuncia no quede impune. "Sin embargo, en algunas ocasiones son violentadas por su propio partido político o sus contrarios, lo cual denota la existencia de inconsistencias y lagunas jurídicas en la ejecución de las leyes".
Ana Elisa Banderas Miranda consideró necesario que nuestro país cuente con garantías jurídicas, organizacionales e incluso, culturales para las mujeres que buscan cargos políticos.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, donde dictó la conferencia "La violencia política contra la mujer frente a las nuevas masculinidades", indicó que la política ha sido impactada por las diversas acciones realizadas para lograr equidad de género en la sociedad mexicana y no como una medida propia del ámbito político.
La investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México refirió que debido a la presión social con respecto a la equidad entre hombres y mujeres, la representatividad de ambos empieza a equilibrarse.
Señaló que hasta hace dos décadas, en la entonces conocida como Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, solo 15 por ciento de las curules eran ocupadas por mujeres y en la actualidad la cifra asciende a 50 por ciento.
En el Estado de México, manifestó Banderas Miranda, el panorama es similar y el Congreso local ya alcanza hasta 40 por ciento de presencia femenina, al igual que en las candidaturas a cargos públicos.
Afirmó que en el ámbito de la política la violencia de género se ejerce cuando no hay oportunidad para lograr una candidatura o si se logra, se es despojada de la misma y asigna, finalmente, a un hombre.
"Las mujeres que en la política son víctimas de este delito recorren un amplio camino para obtener justicia. Deben agotar las instancias judiciales para hacer valer sus derechos políticos electorales e, incluso, de seguridad; además, requieren de un capital político para enfrentar el delito como es el respaldo de su partido u de otros actores".
Se requiere, puntualizó, tiempo, dinero y apoyo de su partido para que la denuncia no quede impune. "Sin embargo, en algunas ocasiones son violentadas por su propio partido político o sus contrarios, lo cual denota la existencia de inconsistencias y lagunas jurídicas en la ejecución de las leyes".
Ana Elisa Banderas Miranda consideró necesario que nuestro país cuente con garantías jurídicas, organizacionales e incluso, culturales para las mujeres que buscan cargos políticos.
