Las manifestaciones encendidas el dos de octubre, tanto en Toluca, como en la CDMX, con la evidencia de estudiantes enardecidos y algunos descontrolados detenidos; policías agresores y agredidos; además de periodistas afectados por la brutalidad de algunos uniformados; más toda la polémica desatada entre los que quieren contención a toda costa y quienes creen que la libertad de manifestación y expresión es absoluta; nos dejan ver el gran reto que deben enfrentar con celeridad y seriedad los gobiernos locales: preservar la libertad de expresión y de manifestación, imponiendo la autoridad con la firmeza y asertividad, para procurar la seguridad del resto de la población que no es más que espectadora. Ojalá que si.

La peor respuesta a todo lo ocurrido la semana pasada en las manifestaciones “conmemorativas” sería la impunidad para los agresores, ya sean manifestantes o policías, así como la renuencia a aprender y corregir errores en el desempeño de las instituciones. Se ha perdido mucho por la indolencia y es muy difícil exigir a quienes instan a las movilizaciones, mayor reflexión, toca a la parte gubernamental establecer mejores canales de diálogo y acuerdos para poder manejar estas movilizaciones por cauces realmente pacíficas. Observemos que talla de gobernantes tenemos para afrontar esto.

La reacción de muchas personas apoyando a quienes hacen valer con la ley con violencia contra los manifestantes en actitud salvajemente destructiva, es el indicador de esa urgencia antes de propiciar que quienes hasta hoy han respetado la ley, decidan emigrar, cerrar negocios o tomar la iniciativa para hacer justicia e imponer respeto por su propia cuenta, lo cual sería funesto.