Debe ser motivo de mucho interés el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2020 que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) entregó a la LXI Legislatura, donde revela observaciones por más de 28 mil millones de pesos, señalando que 20 mil 241 millones corresponden a entidades estatales y 8 mil 300 millones a municipales.
Destacan que los principales montos observados fueron a entes estatales, con más de 17 mil 84 millones de pesos; seguidos de entidades municipales con un monto de 8 mil 383 millones de pesos, mientras que los órganos autónomos quedaron con 3 mil 137 millones de pesos observados y el Poder Judicial con 20 millones 10 mil pesos. Todas estas cifras no indican inmediatamente mal manejo, pero se ponen bajo la lupa para que se esclarezca a precisión cual fue su destino y en caso pertinente aplicar las medidas disciplinarias o de reparación del daño que se hubiera causado. No los perdamos de vista.
Sin embargo, han brotado cuestionamientos de este informe a simple vista; ¿por qué solo se auditaron 32 de los 125 municipios en el ejercicio? ¿realmente no se auditaron gobiernos con señalamientos públicos múltiples por malos manejos y no se podía hacer más? ¿Quién decide y cómo se seleccionan los sujetos de auditoría? ¿Si fue una aplicación metodológica se podría también aplicar el criterio del auditor o auditora ante las incidencias o evidencias disponibles en el contexto? ¿Qué se tienen que cambiar en la Ley de Fiscalización para que este proceso sea aún más certero y no parezca que cabe la discrecionalidad para permitir la impunidad selectiva?
Asimismo, es de preguntarse ¿la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización podría hacer algo más frente a esta creciente inquietud social o está fuera de la jugada irremediablemente hasta que le den más atribuciones? ¿Será que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados a través de la propia comisión pueda dar paso a la realización de auditorías especiales por criterio o a solicitud de la ciudadanía?
Ojalá se decidan a fortalecer los procesos de auditoría y mejorar los tiempos de rendición de cuentas para darle mayor utilidad y significación para la gente.
Destacan que los principales montos observados fueron a entes estatales, con más de 17 mil 84 millones de pesos; seguidos de entidades municipales con un monto de 8 mil 383 millones de pesos, mientras que los órganos autónomos quedaron con 3 mil 137 millones de pesos observados y el Poder Judicial con 20 millones 10 mil pesos. Todas estas cifras no indican inmediatamente mal manejo, pero se ponen bajo la lupa para que se esclarezca a precisión cual fue su destino y en caso pertinente aplicar las medidas disciplinarias o de reparación del daño que se hubiera causado. No los perdamos de vista.
Sin embargo, han brotado cuestionamientos de este informe a simple vista; ¿por qué solo se auditaron 32 de los 125 municipios en el ejercicio? ¿realmente no se auditaron gobiernos con señalamientos públicos múltiples por malos manejos y no se podía hacer más? ¿Quién decide y cómo se seleccionan los sujetos de auditoría? ¿Si fue una aplicación metodológica se podría también aplicar el criterio del auditor o auditora ante las incidencias o evidencias disponibles en el contexto? ¿Qué se tienen que cambiar en la Ley de Fiscalización para que este proceso sea aún más certero y no parezca que cabe la discrecionalidad para permitir la impunidad selectiva?
Asimismo, es de preguntarse ¿la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización podría hacer algo más frente a esta creciente inquietud social o está fuera de la jugada irremediablemente hasta que le den más atribuciones? ¿Será que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados a través de la propia comisión pueda dar paso a la realización de auditorías especiales por criterio o a solicitud de la ciudadanía?
Ojalá se decidan a fortalecer los procesos de auditoría y mejorar los tiempos de rendición de cuentas para darle mayor utilidad y significación para la gente.
