Si los Legisladores que promueven la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad, entran al trabajo de análisis en el proceso de parlamento abierto que han prometido para esta materia, dando espacio a todas las perspectivas, sin ánimos de politización o asignación de culpas y con la disposición de entender la complejidad de lo que está en juego, para aprovechar también ese ímpetu de los empresarios e involucran adecuadamente a los municipios, podríamos tener la oportunidad de una transformación oportuna y un rediseño del marco jurídico para impulsar el desarrollo económico y la competitividad del estado, más que un manoseo o una discusión política muy mediática.

Esta oportunidad quizá no la imaginaron los que hoy acumulan el poder, pero tienen ante sí la posibilidad de hacer algo muy bueno por el Estado. Ojalá se concrete.