Hace casi un año, el Gobierno de México anunció un plan para combatir la violencia feminicida y prometieron frenar la creciente ola de crímenes, aun cuando se acababa de confirmar por el mismo gobierno la eliminación de subsidios a los refugios para mujeres víctimas de maltrato y de violencia machista.
El plan prometido estaría enfocado principalmente en actividades de prevención, atención a las víctimas y acceso a la justicia, además que el programa de refugios no sufriría modificaciones, pero sería supervisado por el Estado.
Coordinar de manera más eficiente los recursos públicos, fue el compromiso que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, esbozó en marzo del 2019, incluyendo actividades de prevención y atención a las víctimas, a cargo del Gobierno; acciones para facilitar el acceso a la justicia, en manos del Poder Judicial; así como reformas legislativas para complementar lo anterior y que sería la parte que los Legisladores harían.
Aquí estamos 355 días después, para tomar nota que la misma secretaria Sánchez Cordero, anuncia las medidas que el Gobierno Federal llevará a cabo para combatir la violencia de género en el país y admitir que como gobierno han llegado tarde, están limitados, desarticulados y han sido ineficaces para enfrentar este problema.
Sánchez Cordero promete que con cualquier denuncia de una mujer o niña desaparecida se activarán de inmediato los protocolos de búsqueda, independientemente de que haya o no la presunción de un delito; pide que el Poder Judicial apoye para que las medidas de protección a mujeres se dicten, en todos los juzgados de cualquier materia, sin necesidad de que medie una denuncia formal por violencia contra una mujer.
En complemento asegura que el Gobierno Federal -ese que ve mano negra e intenciones de desacreditación política en las movilizaciones de mujeres- lanzará campañas para prevenir la violencia de género en todas sus modalidades y se consolidará el modelo de atención de los centros de justicia, las puertas violeta, los centros de desarrollo de mujeres y los centros de atención de violencia financiados por distintas instancias del Gobierno Federal. Ojalá no tenga que pasar otro año y aumentar el número de crímenes para volverla a escuchar, apenas intentando diagnosticar.
Mientras esto ocurre, ojalá que en el Estado de México donde este problema es brutalmente doloroso, alguien se haya dado a la tarea de estudiar y diseñar adecuadamente una estrategia de acción integral, con base en información concreta, bien focalizada, para reducir el número de casos de feminicidios y lograr apoyo para las mujeres víctimas y sus familias, no sólo alimentar un debate estéril entre el poderes y partidos. Esa sería una buena noticia que mucha falta hace y para lo cual creo que hay capacidad. Si esperan que la federación ponga el ejemplo, estaremos en aprietos.
El plan prometido estaría enfocado principalmente en actividades de prevención, atención a las víctimas y acceso a la justicia, además que el programa de refugios no sufriría modificaciones, pero sería supervisado por el Estado.
Coordinar de manera más eficiente los recursos públicos, fue el compromiso que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, esbozó en marzo del 2019, incluyendo actividades de prevención y atención a las víctimas, a cargo del Gobierno; acciones para facilitar el acceso a la justicia, en manos del Poder Judicial; así como reformas legislativas para complementar lo anterior y que sería la parte que los Legisladores harían.
Aquí estamos 355 días después, para tomar nota que la misma secretaria Sánchez Cordero, anuncia las medidas que el Gobierno Federal llevará a cabo para combatir la violencia de género en el país y admitir que como gobierno han llegado tarde, están limitados, desarticulados y han sido ineficaces para enfrentar este problema.
Sánchez Cordero promete que con cualquier denuncia de una mujer o niña desaparecida se activarán de inmediato los protocolos de búsqueda, independientemente de que haya o no la presunción de un delito; pide que el Poder Judicial apoye para que las medidas de protección a mujeres se dicten, en todos los juzgados de cualquier materia, sin necesidad de que medie una denuncia formal por violencia contra una mujer.
En complemento asegura que el Gobierno Federal -ese que ve mano negra e intenciones de desacreditación política en las movilizaciones de mujeres- lanzará campañas para prevenir la violencia de género en todas sus modalidades y se consolidará el modelo de atención de los centros de justicia, las puertas violeta, los centros de desarrollo de mujeres y los centros de atención de violencia financiados por distintas instancias del Gobierno Federal. Ojalá no tenga que pasar otro año y aumentar el número de crímenes para volverla a escuchar, apenas intentando diagnosticar.
Mientras esto ocurre, ojalá que en el Estado de México donde este problema es brutalmente doloroso, alguien se haya dado a la tarea de estudiar y diseñar adecuadamente una estrategia de acción integral, con base en información concreta, bien focalizada, para reducir el número de casos de feminicidios y lograr apoyo para las mujeres víctimas y sus familias, no sólo alimentar un debate estéril entre el poderes y partidos. Esa sería una buena noticia que mucha falta hace y para lo cual creo que hay capacidad. Si esperan que la federación ponga el ejemplo, estaremos en aprietos.
