"La participación civil es positiva, pero no reemplaza a las instituciones del Estado"
La consulta popular que realizará el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es válida porque no tiene sustento legal y no tiene garantías de imparcialidad, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un comunicado, el organismo que preside Juan Pablo Castañón ratificó su postura de que una decisión "eminentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana", debido a que las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, que tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas para concluir con la mejor opción.
"El ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal", aseveró.
El organismo empresarial resaltó que como está planteada la consulta no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad, y tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamientos hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.
Señaló que los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas.
"No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada".
Agregó que no se han explicado qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos, además señaló que no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.
El CCE resaltó que todo lo anterior se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.
En un comunicado, el organismo que preside Juan Pablo Castañón ratificó su postura de que una decisión "eminentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana", debido a que las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, que tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas para concluir con la mejor opción.
"El ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal", aseveró.
El organismo empresarial resaltó que como está planteada la consulta no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad, y tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamientos hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.
Señaló que los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas.
"No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada".
Agregó que no se han explicado qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos, además señaló que no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.
El CCE resaltó que todo lo anterior se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.
