La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración está abierta al diálogo con los trabajadores y concesionarios del sector hídrico que busquen regularizar su situación. Señaló que el Gobierno estatal no pretende afectar a quienes cumplen con la ley, pero advirtió que quienes incurran en delitos o irregularidades deberán asumir las sanciones correspondientes.
“Los que tienen alguna situación que les falte algún documento, algún trámite estamos abiertos para que se puedan regularizar y es algo que también van a hacer las autoridades, pero los que están infringiendo en una situación de ley, tiene que cubrir esa sanción, porque no podemos permitirlo”, dijo a medios de comunicación.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, enfatizó que: “Seguimos abiertos, así es la instrucción de la Gobernadora, de abrir mesas de trabajo, así las hemos tenido en las regiones, con los presidentes municipales, para que este tema sea un tema que, insisto, siente un precedente de que hay que hacerlo en el marco de la ley”, puntualizó.
Es importante destacar que en el Estado de México que el Código Penal estatal sanciona el robo, desvío o comercialización ilegal de agua, las multas van por hasta más de 22 mil pesos de multa y hasta 6 años de cárcel, por lo que la autoridad judicial tiene toda la competencia de sancionar penalmente a quien viole la ley.
La reciente Operación Caudal, desplegada por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en 48 municipios, derivó en la clausura de más de 160 puntos de extracción ilegal y el aseguramiento de 250 pipas que operaban fuera de la normatividad. Esta acción conjunta entre fuerzas federales, estatales y municipales marcó un precedente en el combate al “huachicoleo” de agua, con la apertura de carpetas de investigación en cada sitio intervenido.
Con esta estrategia, la administración de Delfina Gómez Álvarez fija un evento histórico que es la finalización del negocio irregular del agua, que por muchos años estuvo bajo el respaldo político y afectó a los mexiquenses al explotar los mantos acuíferos y afectar de manera directa el suministro de agua potable a diversos municipios.
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