En la víspera del Día Mundial del Agua que se conmemora este 22 de marzo, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre la crisis de agua y saneamiento, y la importancia de las medidas para combatirla, el Instituto Mexicano para la Competitividad, presentó este lunes un análisis sobre los desafíos que enfrenta nuestro país en la materia.
El informe destaca que en México actualmente 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable, lo cual se agrava con la intensificación de las sequías en la última década y el incremento en 15% de la sobreexplotación de los acuíferos.
Reseñan que pese a que desde febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México con una reforma al párrafo sexto del artículo 4°; se estableció un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas para reemplazar la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992, pero una década después esto no se ha cumplido.
Eso ratifica la urgente necesidad que México implemente acciones urgentes para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas.
Modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, es el primer paso para dar lugar a que se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.
La discusión sobre la nueva Ley de Aguas debe abordar algunas problemáticas urgentes para una mejor gestión del recurso:
Urge actualizar las disposiciones para otorgar títulos de concesión. Una concesión para la explotación de recursos hídricos tiene una vigencia de 5 a 30 años, sin un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla. Esto promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión.
Dado que las concesiones para uso agrícola no están obligadas a pagar por el agua, solo si el volumen extraído supera el estipulado por la concesión que se otorga, el monto a pagar es de 17 centavos por metro cúbico. En contraparte, la industria, comercios y servicios pagan entre 23.48 y 35.86 pesos el metro cúbico dependiendo la región.
Se requiere además monitoreo eficiente de los títulos para el aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), ya que 97% no tienen medidor y 93% de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta un 15% del agua potable en México.
Es necesaria mayor vigilancia, pues en los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua. Tan solo en 2013 se realizaron 10,915 visitas mientras que en 2012 se realizaron 2,812.
En esta secuencia apuntan además que desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas que han enfrentado la recurrente objeción de .
A lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso, con lo cual la discusión se estancó.
Afirma el IMCO que desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos intentó reactivar el tema proponiendo crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030, presupuestando 600 mil millones de pesos para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Pese a lo anterior, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
Aseguran tanto la actual administración, como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo.
El Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso.
DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE AGUA
En cuanto a la Situación del agua en México, el diagnóstico del IMCO revela que “México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012. Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año”.
En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua:
- Sector agropecuario. En 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.
- Abastecimiento público. Representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.
- Industria autoabastecida. Representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
- Centrales termoeléctricas. Representa 4% del agua concesionada.
Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo (superficial o subterráneos), así como del tipo de fenómenos climatológicos (precipitaciones o sequías):
- Agua superficial. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte. El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.
- Agua subterránea (acuíferos). Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación. En 2018, 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados. Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno. Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad. Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce.
- Precipitación. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de hm3 de agua al año en forma de precipitación. 67% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur-sureste -donde tiene lugar 50% de las lluvias-. La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad. En la Ciudad de México y el Estado de México la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato.
- Sequías. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración. En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fueron severas -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fueron extremas -con pérdidas mayores en cultivos, y riesgo de incendios forestales- y 3% fueron sequías excepcionales, es decir con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el IMCO Propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión. Propuestas:
- Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones), con el objetivo de contar con datos e indicadores que permitan una gestión más eficiente del agua en el país.
- Desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor, a través, por ejemplo, de la compra y venta de bonos de carbono o bien financiamientos climáticos como el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés). Es fundamental desarrollar infraestructura para la gestión del agua.
- Evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país con criterios geofísicos en vez de geopolíticos.
- Invertir en modernización y conservación de infraestructura. México necesita mejorar su infraestructura hídrica para una gestión más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas.
Apuntan los analistas que un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos.
FUENTE: https://imco.org.mx/mexico-necesita-modernizar-su-legislacion-de-aguas/
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