Aseguran que este Acuerdo es a todas luces inconstitucional y viola las leyes que regulan las actividades de todos los sectores de actividad económica a los que hace referencia.
La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expresó su desacuerdo con el mensaje del presidente López Obrador sobre el decreto en el que “se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, pues aseguran que éste da un golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas además de abrir espacios para los de por sí ya alarmantes niveles de corrupción e impunidad en nuestro país.
Afirman que este Acuerdo es a todas luces inconstitucional y viola las leyes que regulan las actividades de todos los sectores de actividad económica a los que hace referencia.
Además, señalan que pone a los servidores públicos en un grave dilema: obedecer el Acuerdo y violar la normatividad vigente o contravenir la orden de su superior jerárquico. Lo que el Presidente pide a sus subordinados es violar la ley porque un acuerdo nunca puede estar por encima de la norma jurídica.
Es importante saber que partir de ahora, cualquier autorización requerida para la realización de las obras de infraestructura y cualquier proyecto que se considere prioritario debe ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles. Expirado el plazo, se tendrá como emitida, a pesar de no haber autorización expresa.
El Acuerdo muestra la arbitrariedad y abuso en el ejercicio del poder y nulifica en los hechos el derecho de amparo y los derechos a la información, a la protección del medio ambiente, a la competencia a través de licitaciones que garanticen la óptima contratación de los recursos públicos por medio de licitaciones, a la defensa de las comunidades potencialmente afectadas, entre otros.
El Presidente de México presume que en su Gobierno existe la convicción de actuar con honestidad, por lo que habrá “cero corrupción y también cero impunidad”, pero el Acuerdo pide a los ciudadanos que confiemos en su palabra, aunque impide que podamos corroborar la forma en que utiliza el dinero de nuestros impuestos bajo el pretexto infundado de que se trata de asuntos de “seguridad nacional”.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideró que “el decreto presidencial es uno de los mayores golpes que se han dado al sistema de rendición de cuentas en México, dejando a la sociedad civil sin herramientas para proseguir con la tarea de vigilar los actos de gobierno; la corrupción se combate con más información, no menos”.
Finalmente, los y las colaboradoras de MCCI consideran que acuerdos de esta naturaleza transgreden la división de poderes, aumentan el ejercicio discrecional del poder e incrementan los niveles de corrupción e impunidad que tanto daño hacen a nuestro país. En consecuencia, hace un llamado a que se retire el Acuerdo y a que el Poder Ejecutivo se conduzca conforme al Estado de derecho.
No obstante lo anterior, el mandatario ha aprovechado las conferencias matutinas para reiterar, primero, que sólo pretende agilizar trámites y asimismo la realización de proyectos sumamente importantes, atribuyendo a sus adversarios políticos la sospecha infundada de querer obstruir el acceso a la información.
Asimismo ha reprochado y descalificado al INAI, tras hacer anunciado el instituto que interpondría una controversia constitucional por lo indebido del Acuerdo y ha aprovechado para refrendar su intención de desaparecer al organismo autónomo.
En la conferencia del jueves, apoyado en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descalificó a quienes pretenden apoyar una controversia constitucional, sosteniendo que al ser un acuerdo general de carácter interno, es improcedente un recurso de esta naturaleza, lo cual ha sido contrapuesto por diferentes especialistas.
La ex secretaria de Gobernación, ex ministra de la SCJN y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, ha evitado hasta el momento extremar una postura clara al respecto,
La expectativa ahora está en los argumentos de recursos legales que se interpongan y la valoración que haga la suprema corte, que hoy se presume tiene mayoría de ministros afines al Presidente.
Afirman que este Acuerdo es a todas luces inconstitucional y viola las leyes que regulan las actividades de todos los sectores de actividad económica a los que hace referencia.
Además, señalan que pone a los servidores públicos en un grave dilema: obedecer el Acuerdo y violar la normatividad vigente o contravenir la orden de su superior jerárquico. Lo que el Presidente pide a sus subordinados es violar la ley porque un acuerdo nunca puede estar por encima de la norma jurídica.
Es importante saber que partir de ahora, cualquier autorización requerida para la realización de las obras de infraestructura y cualquier proyecto que se considere prioritario debe ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles. Expirado el plazo, se tendrá como emitida, a pesar de no haber autorización expresa.
El Acuerdo muestra la arbitrariedad y abuso en el ejercicio del poder y nulifica en los hechos el derecho de amparo y los derechos a la información, a la protección del medio ambiente, a la competencia a través de licitaciones que garanticen la óptima contratación de los recursos públicos por medio de licitaciones, a la defensa de las comunidades potencialmente afectadas, entre otros.
El Presidente de México presume que en su Gobierno existe la convicción de actuar con honestidad, por lo que habrá “cero corrupción y también cero impunidad”, pero el Acuerdo pide a los ciudadanos que confiemos en su palabra, aunque impide que podamos corroborar la forma en que utiliza el dinero de nuestros impuestos bajo el pretexto infundado de que se trata de asuntos de “seguridad nacional”.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideró que “el decreto presidencial es uno de los mayores golpes que se han dado al sistema de rendición de cuentas en México, dejando a la sociedad civil sin herramientas para proseguir con la tarea de vigilar los actos de gobierno; la corrupción se combate con más información, no menos”.
Finalmente, los y las colaboradoras de MCCI consideran que acuerdos de esta naturaleza transgreden la división de poderes, aumentan el ejercicio discrecional del poder e incrementan los niveles de corrupción e impunidad que tanto daño hacen a nuestro país. En consecuencia, hace un llamado a que se retire el Acuerdo y a que el Poder Ejecutivo se conduzca conforme al Estado de derecho.
No obstante lo anterior, el mandatario ha aprovechado las conferencias matutinas para reiterar, primero, que sólo pretende agilizar trámites y asimismo la realización de proyectos sumamente importantes, atribuyendo a sus adversarios políticos la sospecha infundada de querer obstruir el acceso a la información.
Asimismo ha reprochado y descalificado al INAI, tras hacer anunciado el instituto que interpondría una controversia constitucional por lo indebido del Acuerdo y ha aprovechado para refrendar su intención de desaparecer al organismo autónomo.
En la conferencia del jueves, apoyado en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descalificó a quienes pretenden apoyar una controversia constitucional, sosteniendo que al ser un acuerdo general de carácter interno, es improcedente un recurso de esta naturaleza, lo cual ha sido contrapuesto por diferentes especialistas.
La ex secretaria de Gobernación, ex ministra de la SCJN y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, ha evitado hasta el momento extremar una postura clara al respecto,
La expectativa ahora está en los argumentos de recursos legales que se interpongan y la valoración que haga la suprema corte, que hoy se presume tiene mayoría de ministros afines al Presidente.
