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Violencia política en razón de género

Violencia política en razón de género

Desde el año 2018, se logró una equilibrada integración de género en los órganos legislativos. Sin embargo, una realidad no ha cambiado, la prevalencia de la violencia política en contra de las mujeres.

25/10/2021 |   Toluca |   Dr. Raymundo Guzmán Corroviñas

En los últimos años se han dado importantes pasos para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el acceso a cargos de elección popular: Se ha logrado la evolución de las cuotas de género, hacia las acciones afirmativas y la democracia paritaria.


Desde el año 2018, se logró una equilibrada integración de género en los órganos legislativos. Sin embargo, una realidad no ha cambiado, la prevalencia de la violencia política en contra de las mujeres.


Lamentablemente muchos hombres se continúan sintiendo superiores o con derecho a poner límites al desarrollo de las mujeres, producto de una sociedad patriarcal y androcentrista, en la que los hombres construyeron las reglas del juego, los roles de género y el deber ser de la sociedad.


En los procesos electorales recientes, continuó predominando la violencia política en contra de las mujeres por muy diversos personajes: quienes realizan sus arteros ataques desde el anonimato, desde medios de comunicación, desde las redes sociales, desde las instituciones o desde las campañas electorales.


Más allá de un indispensable fortalecimiento de las instituciones, se requiere el cambio de visión para entender que no ponerle el alto a un violento significa que éste tomará más fuerza para continuar con sus ataques y descalificaciones en contra de las mujeres.


Podemos entender a la violencia política en razón de género como aquella conducta que tiene por objeto de menoscabar, limitar o anular a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sus atribuciones, el libre desarrollo de su función, la toma de decisiones o el pleno ejercicio de su cargo. Este arraigado tipo de violencia también busca generar desigualdad en las prerrogativas o derechos que tienen las mujeres por motivo de algún cargo público.


Sigue siendo materia de discusión constante en los tribunales el que a una mujer no se le permita el ejercicio de su cargo, se le pague menos que a un hombre o se le restrinjan otros derechos, como el uso de la palabra o la valoración de sus propuestas.


La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también conocida como Convención de Belém do para, establece que toda mujer “tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones pu?blicas de su pai?s y a participar en los asuntos pu?blicos, incluyendo la toma de decisiones.”


Sin embargo, ese ejercicio pleno de los derechos políticos solo se logrará cuando la sociedad en su conjunto entienda, acepte, difunda y sancione las conductas violentas en contra de las mujeres, al tiempo que las instituciones públicas mejoren la implementación de las medidas de prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres.


Sancionar a las personas que cometen violencia política de género no debe limitarse a una llamada de atención, deben generarse las medidas reparatorias en favor de las vícitmas y las garantías de no repetición.







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