Detalló que, gracias al trabajo voluntario, las OSC aportan más a la sociedad de lo que reciben y además llegan a donde ningún gobierno lo hace, para atender a población en condiciones vulnerables.
Ante la propuesta del gobierno federal de modificar el Artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para limitar las posibilidades de deducir las donaciones privadas a Organizaciones de la Sociedad Civil, la fracción parlamentaria del PRI dio a conocer que pelearán para que no prospere esa intención que ya aparenta ser toda una acción sistemática de debilitamiento de la participación ciudadana, que además se traduce en ayuda para miles de personas en lugares donde los programas gubernamentales no llegan.
Se estima que con esta medida, a nivel nacional se verían afectadas 5,073 organizaciones y de ellas especialmente 1,817 obtienen entre el 30 y el 100% de su ingreso total por donativos de personas físicas nacionales.
Asimismo se destaca que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta implicaría que las organizaciones dejaran de percibir en conjunto más de $8 mil 221 millones de pesos que son destinados a la realización de actividades asistenciales (69%); educativas(12%); y culturales (9%) entre otras.
En el Estado de México donde radican el mayor número de organizaciones de la sociedad civil y se estima que cerca de 744 organizaciones donatarias registradas que podrían resultar afectadas con esta disposición según reveló la Diputada Melissa Vargas y casi el 30% de ellas atienden a niñas, niños y adolescentes; 5.8% atienden a mujeres, lo cual es más significativo considerando que éste gobierno redujo el apoyo para refugios de mujeres víctimas violencia.
Por su parte, la diputada priísta Ana Lilia Herrera alertó que los más afectados serían niñas, niños y adolescentes, pues 3 de cada 10 pesos invertidos por estas organizaciones sociales, se destinan a menores de 18 años.
Durante una conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en San Lázaro comentó que se trata de un atentado contra la capacidad de movilización social, la solidaridad del pueblo mexicano y de una cultura filantrópica que debería crecer, en lugar de desaparecer.
Al exigir a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados que "si no destinan presupuesto suficiente para la niñez y la adolescencia, no se los quiten", detalló que, gracias al trabajo voluntario, las OSC aportan más a la sociedad de lo que reciben y además llegan a donde ningún gobierno lo hace, para atender a población en condiciones vulnerables.
La legisladora mexiquense rememoró que en días pasados la UNICEF señaló que las prioridades del gobierno en México en el Presupuesto 2022, no responden a las necesidades crecientes de estos grupos de población, pues se les destina solo 10.2 por ciento del gasto público.
Herrera Anzaldo aseguró que, según datos del INEGI, en el año 2020 un total de 2 millones, 927, 735 hogares mexicanos, recibieron donaciones provenientes de Organizaciones sin fines de lucro, con lo cual se benefició al 39% del total de hogares que recibieron un apoyo en ese año.
"Rechazamos esta regresión que tiene tintes de agresión y que genera un perverso efecto dominó, como bien indicó CEMEFI hace unos días: afectará los empleos formales que generan las OSC, los apoyos y programas que éstas llevan al pueblo mexicano y de paso desincentivan la transparencia y la formalidad, puntualizó la legisladora reelecta por el distrito 27 del Estado de México.
Finalmente, la diputada Laura Barrera hizo un llamado a los ciudadanos y a los medios de comunicación a señalar lo inadecuado de esta reforma pues en Mexico, hay cerca de 36 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes, debajo de la media internacional; en Brasil hay 396, en Chile hay 130 y en Ecuador 165, por lo que el esfuerzo tendría que ser para incentivar que existan más, no para complicar su subsistencia.
Con este gobierno desde 2018 han crecido solamente dos asociaciones civiles por cada 100 mil habitantes, mientras en el gobierno anterior mediante convenios con el DIF nacional la asignación de 37 mil millones de pesos, los cuales fueron eliminados desde el inicio de este gobierno.
Se estima que con esta medida, a nivel nacional se verían afectadas 5,073 organizaciones y de ellas especialmente 1,817 obtienen entre el 30 y el 100% de su ingreso total por donativos de personas físicas nacionales.
Asimismo se destaca que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta implicaría que las organizaciones dejaran de percibir en conjunto más de $8 mil 221 millones de pesos que son destinados a la realización de actividades asistenciales (69%); educativas(12%); y culturales (9%) entre otras.
En el Estado de México donde radican el mayor número de organizaciones de la sociedad civil y se estima que cerca de 744 organizaciones donatarias registradas que podrían resultar afectadas con esta disposición según reveló la Diputada Melissa Vargas y casi el 30% de ellas atienden a niñas, niños y adolescentes; 5.8% atienden a mujeres, lo cual es más significativo considerando que éste gobierno redujo el apoyo para refugios de mujeres víctimas violencia.
Por su parte, la diputada priísta Ana Lilia Herrera alertó que los más afectados serían niñas, niños y adolescentes, pues 3 de cada 10 pesos invertidos por estas organizaciones sociales, se destinan a menores de 18 años.
Durante una conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en San Lázaro comentó que se trata de un atentado contra la capacidad de movilización social, la solidaridad del pueblo mexicano y de una cultura filantrópica que debería crecer, en lugar de desaparecer.
Al exigir a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados que "si no destinan presupuesto suficiente para la niñez y la adolescencia, no se los quiten", detalló que, gracias al trabajo voluntario, las OSC aportan más a la sociedad de lo que reciben y además llegan a donde ningún gobierno lo hace, para atender a población en condiciones vulnerables.
La legisladora mexiquense rememoró que en días pasados la UNICEF señaló que las prioridades del gobierno en México en el Presupuesto 2022, no responden a las necesidades crecientes de estos grupos de población, pues se les destina solo 10.2 por ciento del gasto público.
Herrera Anzaldo aseguró que, según datos del INEGI, en el año 2020 un total de 2 millones, 927, 735 hogares mexicanos, recibieron donaciones provenientes de Organizaciones sin fines de lucro, con lo cual se benefició al 39% del total de hogares que recibieron un apoyo en ese año.
"Rechazamos esta regresión que tiene tintes de agresión y que genera un perverso efecto dominó, como bien indicó CEMEFI hace unos días: afectará los empleos formales que generan las OSC, los apoyos y programas que éstas llevan al pueblo mexicano y de paso desincentivan la transparencia y la formalidad, puntualizó la legisladora reelecta por el distrito 27 del Estado de México.
Finalmente, la diputada Laura Barrera hizo un llamado a los ciudadanos y a los medios de comunicación a señalar lo inadecuado de esta reforma pues en Mexico, hay cerca de 36 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes, debajo de la media internacional; en Brasil hay 396, en Chile hay 130 y en Ecuador 165, por lo que el esfuerzo tendría que ser para incentivar que existan más, no para complicar su subsistencia.
Con este gobierno desde 2018 han crecido solamente dos asociaciones civiles por cada 100 mil habitantes, mientras en el gobierno anterior mediante convenios con el DIF nacional la asignación de 37 mil millones de pesos, los cuales fueron eliminados desde el inicio de este gobierno.
