Un Instituto de Salud para el Bienestar

Oscar Glenn

Un Instituto de Salud para el Bienestar

Cada vez son más las voces que alzan para advertir sobre el riesgo que implica la propuesta presidencial de desaparecer el Seguro Popular -un proyecto nacido en el Gobierno de Vicente Fox- y sustituirlo por un Instituto de Salud para el Bienestar que idealmente se encargará atender a 54 millones de personas que no tienen seguridad social, incluyendo dotaciones de medicinas, aumento de personal médico, mejora de la infraestructura del sector y basificar a 80 mil empleados eventuales.

La preocupación de expertos en la materia, entre los cuales se cuentan al menos seis ex secretarios de salud del gobierno federal, se basa en que la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, la de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud, también busca cambiar el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, pero, aunque suene difícil de creer, no prevé una fuente de financiamiento, ni la ruta de transición e integración, ni la prospectiva de cambios demográficos y epidemiológicos.

Por su parte, el actual Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, retomando el argumento del Presidente López Obrador, sostiene que el Seguro Popular debe desaparecer sin más, por haber sido un nicho de corrupción y desvíos de recursos para altos funcionarios, lo cual debe acabar.

Es muy grave que si la idea es desaparecer un mecanismo desarrollado por los acérrimos rivales políticos, no se prevea el diseño con base en diagnósticos fundamentales. Si algo así se ha hecho en otros rubros, aquí es impensable, pues no se trata sólo de costos monetarios de un ensayo y error en el sector, sino que va de por medio la vida de muchas personas que quizá no tengan el tiempo para que alguien remedie una pifia o pidan a un paciente "dale tiempo, apenas van 9 meses de gobierno" o "nos dejaron un tiradero, ustedes disculpen la demora y las fallas"

Un sistema universal de salud con los alcances que se pretende dar a éste, debe además especificar las corresponsabilidades entre la federación y los estados, o cómo creen que puede tener capacidad para operar centralizadamente, para no transferir recursos a las entidades si es lo que quieren evitar; asimismo establecer plazos para esa conversión y hasta ahora eso no se ha visto.

Ojala que los legisladores sometan esta idea a terapia intensiva o le hagan un trasplante de talento vital, pues sólo en el Estado de México hay casi 7 millones 115 mil afiliados al seguro popular que están esperando algo mejor.