Mucha preocupación ha causado en buena parte de la población -y con razón- la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio el pasado jueves 25 de julio en la Cámara de Diputados Federales, pese a las más de 60 reservas que legisladores de diferentes bancadas, incluidos algunos de MORENA, interpusieron sólo para ser desechadas sin más..

Es triste darse cuenta que otra vez puede existir una buena intención y también posiblemente un buen instrumento para cimbrar al crimen organizado -que es algo que realmente la mayoría estamos deseando- que se lleva por el camino del simplismo o el mayoriteo irresponsable, aun cuando soñábamos que esos tiempos habían quedado atrás.

Lo han señalado ya abogados y juristas expertos, más conocedores quizá que los políticos y que muchos legisladores sobre las implicaciones de una Ley como ésta, que acaba por poner en riesgo la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad y más se acerca a la legalización del despojo por parte de las autoridades, que la pueden aplicar prácticamente a discreción y dejando al borde de la indefensión al ciudadano.

Además de eso, la posibilidad que otorga la Ley para que el ejecutivo integre un cúmulo de recursos producto de esas incautaciones y le permita manejarlos discrecionalmente a través del "bendito" Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, para financiar programas sociales, aún cuando no hayan sido los implicados sujetos de la incautación, debidamente juzgados y sentenciados.

Que quede claro que la Ley ya existía y según refrieren algunos legisladores, lo que se buscó en parte es es agilizar el proceso de incautación para mermar las fuerzas de los criminales, dando al ministerio público las atribuciones para efectuarla a través de un procedimiento civil y no necesariamente penal, pero carece de mecanismos para evitar actos arbitrarios que pueden convertir en víctima de un abuso impune a cualquier ciudadano.

Según la Ley de Extinción de Dominio, el Estado podrá decomisar bienes relacionados a casos de corrupción, huachicol y delincuencia organizada, lo que en sí misma la hace intimidante, pero más que para los criminales o los grandes personajes que en algún momento han sido señalados y que tienen recursos para defenderse o múltiples bienes de los cuales disponer; no hay en este momento promesa o juramento ni del Presidente ni de ninguno de sus correligionarios que garantice que no habrá abusos y si hay por otra parte previsiones legales y de garantías que deben incluirse en este ordenamiento antes que sea promulgado por el Ejecutivo Federal, para que entre en vigor.

Bien harían todos los legisladores que plantearon reservas a la Ley, en agotar sus fuerzas y todos los intentos posibles para hacer que los Morenistas que la aprobaron, la Secretaria de Gobernación y el propio Presidente, reevalúen el tema y permitan que se reforme esa Ley que solo traerá dolores de cabeza o generará otra confrontación en una controversia constitucional si entra en vigor así; ¡como si a este país le hiciera falta más!

La presunción de inocencia está puesta en juego una vez más, de forma similar a lo que se generó al aprobar la ampliación del catálogo de conductas que merecen prisión preventiva de oficio, que todavía no reconocen pero que es un riesgo latente.

Ojalá no esperen a tener que arrepentirse.