El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó antes de tomar posesión del cargo, el 14 de noviembre de 2018 su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el cual marcaria la pauta en este tema durante su gobierno, con base en 8 ejes:
1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
2. Garantizar empleo, educación salud y bienestar.
3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.
4. Regeneración ética de la sociedad.
5. Reformular el combate a las drogas.
6. Emprender la construcción de la paz.
7. Recuperación y dignificación de las cárceles.
8. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas.
En el octavo eje reveló que para dar resultados perceptibles por la ciudadanía en el combate al crimen; crearía la Guardia Nacional, la cual combatiría los delitos que más afectan a la sociedad: extorsión, robo, secuestro, homicidio, tráfico de personas, contrabando y comercio ilegal de armas, feminicidio, la violencia de género y crímenes de odio.
La Guardia Nacional legislativamente ha nacido, funcionalmente todavía no empieza a caminar, pero ya tienen ante sí el desafío de reducir la embestida criminal que no ha dado importancia a las buenas intenciones del mandatario federal, ni tampoco le interesa al parecer las ideas de tregua o amnistía futura, así convirtieron al primer trimestre de 2019 en lo más violento y letal que la historia reciente tenga registro. Las ejecuciones crecieron 10%.
Lamentablemente la realidad no está coincidiendo con los tiempos calculados por el presidente y su equipo, ni parece que se tenga al momento la reacción ética y civilizada de quienes se han dedicado al crimen en algún nivel y hoy podrían tener alternativa de recibir apoyo gubernamental para dedicar su vida a actividades lícitas con ingresos modestos.
La realidad está ahí, no la dibujan las animadversiones personales. En los estados y municipios la percepción de inseguridad no ha disminuido, 74.6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, según las cifras del INEGI.
Las corporaciones de seguridad local, parecen aletargadas y dubitativas, a la espera del gran remedio prometido, haciendo esfuerzos que no han logrado ser suficientes y también les exhibe la violencia irrefrenable.
Señalarlo no debería dar motivo a la descalificación ni a la ira presidencial, sino al análisis y reflexión profesional que el mismo mandatario invocó, para tomar decisiones y reaccionar vigorosamente contra los criminales.
En seis meses calcula el mandatario habrá una notoria mejoría en la sensación de seguridad de la población, ojalá haya un fundamento para esa estimación y de verdad, ojalá tengan y apliquen la fórmula para que se cumpla.
1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
2. Garantizar empleo, educación salud y bienestar.
3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.
4. Regeneración ética de la sociedad.
5. Reformular el combate a las drogas.
6. Emprender la construcción de la paz.
7. Recuperación y dignificación de las cárceles.
8. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas.
En el octavo eje reveló que para dar resultados perceptibles por la ciudadanía en el combate al crimen; crearía la Guardia Nacional, la cual combatiría los delitos que más afectan a la sociedad: extorsión, robo, secuestro, homicidio, tráfico de personas, contrabando y comercio ilegal de armas, feminicidio, la violencia de género y crímenes de odio.
La Guardia Nacional legislativamente ha nacido, funcionalmente todavía no empieza a caminar, pero ya tienen ante sí el desafío de reducir la embestida criminal que no ha dado importancia a las buenas intenciones del mandatario federal, ni tampoco le interesa al parecer las ideas de tregua o amnistía futura, así convirtieron al primer trimestre de 2019 en lo más violento y letal que la historia reciente tenga registro. Las ejecuciones crecieron 10%.
Lamentablemente la realidad no está coincidiendo con los tiempos calculados por el presidente y su equipo, ni parece que se tenga al momento la reacción ética y civilizada de quienes se han dedicado al crimen en algún nivel y hoy podrían tener alternativa de recibir apoyo gubernamental para dedicar su vida a actividades lícitas con ingresos modestos.
La realidad está ahí, no la dibujan las animadversiones personales. En los estados y municipios la percepción de inseguridad no ha disminuido, 74.6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, según las cifras del INEGI.
Las corporaciones de seguridad local, parecen aletargadas y dubitativas, a la espera del gran remedio prometido, haciendo esfuerzos que no han logrado ser suficientes y también les exhibe la violencia irrefrenable.
Señalarlo no debería dar motivo a la descalificación ni a la ira presidencial, sino al análisis y reflexión profesional que el mismo mandatario invocó, para tomar decisiones y reaccionar vigorosamente contra los criminales.
En seis meses calcula el mandatario habrá una notoria mejoría en la sensación de seguridad de la población, ojalá haya un fundamento para esa estimación y de verdad, ojalá tengan y apliquen la fórmula para que se cumpla.
