¿Por qué nos genera tanto problema lo que está pasando con el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador? Qué si no hicieron su declaración "correctamente", que si no han terminado de estudiar, que si estudiaron algo que no es digno al puesto.
La respuesta es simple, AMLO prometió un gobierno de elite que hiciera el milagro en México de erradicar la corrupción y hacer prósperos a los 129.2 millones de mexicanos y, al menos de momento, la realidad no ha sido así. Lo cierto es que el primer acto de corrupción de un político o servidor público es aceptar un puesto público para el que no está preparado, el segundo -aunque no el último- es mentirle a quien gobierna, o al menos pretender hacerlo.
Uno esperaría que el gobierno de AMLO se caracterizara por la transparencia y la austeridad de sus integrantes –vamos al menos ese fue el discurso con el que el líder morenista enamoró a millones de ciudadanos durante "18 años de campaña" para el posicionamiento de su imagen-. Pero no es así, técnicamente todo el gabinete de López Obrador tendría que hacer pública su declaración patrimonial en la plataforma de Declaranet y técnicamente lo hicieron, sin embargo algunos de sus integrantes decidieron omitir la realidad de sus bienes y de sus familiares.
El primer ejemplo de esta verdad a medias surgió con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación quien omitió incluir en su declaración un departamento en Houston con un valor de 11.1 millones de pesos -¡Qué viva la austeridad morenista!-, por su parte el gobierno tuvo un mal manejo de dicha crisis y lo achacó a "fake news", a problemas con el sistema –echándole la bolita a la Secretaría de la Función Pública- y a que el medio que publicó dicha omisión en su declaración "…no buscó su versión, como marca el rigor periodístico". Es decir, ella no tiene la culpa del sistema y del mal trabajo de los medios.
Y el tema de la transparencia gubernamental no quedó ahí, porque parece que la polémica no motivó a los demás integrantes a ser rigurosamente claros en su declaración, las crisis de imagen por el tema continuaron. El mismo medio que acusó a Sánchez Cordero publicó que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú tampoco había declarado una propiedad de 6.6 millones de pesos ¿en dónde cree? EN HOUSTON, sí leyó bien, Houston. Por su parte el secretario de la SCT declaró que el inmueble fue adquirido por si esposa y donado a una sociedad estadounidense que él administraba, pero que antes de ejercer su cargo actual pasó todas las acciones a nombre de su hijo. Es decir, técnicamente no tenía porque declararlo, la pregunta es si moralmente tendría que haberlo hecho.
Ambos secretarios del gobierno de la austeridad y el combate a la corrupción omitieron declarar propiedades en el extranjero, cometieron errores si bien no de corrupción propiamente, sí determinantes para su imagen pública profesional que además ponen en riesgo la imagen de su titularidad ya que se contrapone por completo a la identidad del gobierno actual, no sólo por lo que poseen sino por la forma en la que se condujeron ante la crisis.
Twitter: @Mar_Naa
La respuesta es simple, AMLO prometió un gobierno de elite que hiciera el milagro en México de erradicar la corrupción y hacer prósperos a los 129.2 millones de mexicanos y, al menos de momento, la realidad no ha sido así. Lo cierto es que el primer acto de corrupción de un político o servidor público es aceptar un puesto público para el que no está preparado, el segundo -aunque no el último- es mentirle a quien gobierna, o al menos pretender hacerlo.
Uno esperaría que el gobierno de AMLO se caracterizara por la transparencia y la austeridad de sus integrantes –vamos al menos ese fue el discurso con el que el líder morenista enamoró a millones de ciudadanos durante "18 años de campaña" para el posicionamiento de su imagen-. Pero no es así, técnicamente todo el gabinete de López Obrador tendría que hacer pública su declaración patrimonial en la plataforma de Declaranet y técnicamente lo hicieron, sin embargo algunos de sus integrantes decidieron omitir la realidad de sus bienes y de sus familiares.
El primer ejemplo de esta verdad a medias surgió con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación quien omitió incluir en su declaración un departamento en Houston con un valor de 11.1 millones de pesos -¡Qué viva la austeridad morenista!-, por su parte el gobierno tuvo un mal manejo de dicha crisis y lo achacó a "fake news", a problemas con el sistema –echándole la bolita a la Secretaría de la Función Pública- y a que el medio que publicó dicha omisión en su declaración "…no buscó su versión, como marca el rigor periodístico". Es decir, ella no tiene la culpa del sistema y del mal trabajo de los medios.
Y el tema de la transparencia gubernamental no quedó ahí, porque parece que la polémica no motivó a los demás integrantes a ser rigurosamente claros en su declaración, las crisis de imagen por el tema continuaron. El mismo medio que acusó a Sánchez Cordero publicó que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú tampoco había declarado una propiedad de 6.6 millones de pesos ¿en dónde cree? EN HOUSTON, sí leyó bien, Houston. Por su parte el secretario de la SCT declaró que el inmueble fue adquirido por si esposa y donado a una sociedad estadounidense que él administraba, pero que antes de ejercer su cargo actual pasó todas las acciones a nombre de su hijo. Es decir, técnicamente no tenía porque declararlo, la pregunta es si moralmente tendría que haberlo hecho.
Ambos secretarios del gobierno de la austeridad y el combate a la corrupción omitieron declarar propiedades en el extranjero, cometieron errores si bien no de corrupción propiamente, sí determinantes para su imagen pública profesional que además ponen en riesgo la imagen de su titularidad ya que se contrapone por completo a la identidad del gobierno actual, no sólo por lo que poseen sino por la forma en la que se condujeron ante la crisis.
Twitter: @Mar_Naa
