Actualizando la división de Poderes

Oscar
Glenn

Actualizando la división de Poderes

12/12/2018
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A raíz de la admisión 862 demandas de amparo y de la aceptación de la Suprema Corte de la acción de inconstitucionalidad que presentaron las bancadas de oposición en el Senado, para evitar que se vulnere la autonomía del Poder Judicial, con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, propuesta por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se acentuó la abierta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

A ésta se añadió otro frente al definirse por mayoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no se anularía la Elección de Gobernador en Puebla y Martha Erika Alonso asumirá el cargo en breve, aún con diferentes cuestionamientos y acusaciones que el Tribunal no consideró suficientes para invalidar el proceso.

Las complicaciones para tomar decisiones fueron paradójicamente acentuadas por los pronunciamientos del mandatario sobre la forma en que se deben valorar y resolver los asuntos en cuestión, más allá de su propio interés o intención institucional en ellos y quizá le van dejando claros los límites de su responsabilidad, así como las implicaciones de sus dichos, conforme al diseño legal e institucional que hoy nos rige; al presionar mediáticamente pudo provocar el efecto inverso a lo deseado.

La encrucijada deducible es que si los magistrados no hubieran amparado a los inconformes, porque el Presidente lo considera incorrecto o hubieran anulado la Elección de Puebla porque el Presidente lo considera justo, el descrédito sobre la autonomía del Poder Judicial sería mayúsculo y a futuro quizá demoledor de su significación.

Hoy sobrevienen las críticas al Poder Judicial y la polémica sobre sus decisiones, afortunadamente también es posible el debate y hasta las reformas legislativas para acotar la base de sus determinaciones y en una de esas sus percepciones, pero parece que libran el riesgo de verse como subordinados del Poder Ejecutivo, y probablemente conservarán sus percepciones hasta concluir su encargo, lo cual creo no es un mal saldo, para seguir defendiéndose y operando.

En esa condición de Poderes interactuantes pero independientes, ya los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación niegan que perciban los 600 mil pesos mensuales que el Presidente ha pregonado, tachándolos además de deshonestos, por lo que se mantendrán en la palestra y también tendrán que atender al Presidente del Senado, Ricardo Monreal, quien señala que la suspensión de la Ley de Remuneraciones, contravino la Constitución por lo que impugnará la resolución en la materia. Buenas pruebas para la fortaleza institucional.

Repasando a Montesquieu quien planteó el modelo de la División de Poderes, e invocando la moderación verbal de los altos funcionarios; creo que con lo polémicas o cuestionables que puedan ser las decisiones y declaraciones de cada Poder del Estado Mexicano, lo rescatable es que se mantengan separados cumpliendo su deber sólo y exactamente con lo que la Ley manda, asumiendo el costo en la opinión pública y las repercusiones legales de sus decisiones.

El instar al linchamiento social o la mera descalificación pública del Ejecutivo a los otros poderes cuando no hacen lo que pide, es su derecho, pero mantiene la polarización y como se ve hoy, puede jugarle en contra.

Ahora veremos cómo se procesará una situación similar en el Estado de México, una vez que el Gobernador Alfredo del Mazo haga llegar al Poder Legislativo su propuesta de presupuesto, en la cual ha anunciado medidas para que ningún funcionario estatal gane más que el Presidente de México, pero en el Poder Judicial Mexiquense pueden tener otra idea, o estar preparando su propia propuesta. En breve veremos cómo resuelven su encrucijada y actualizan la división de poderes.



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