El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, referente de todas las acciones del Gobierno Estatal, reconoce en su apartado relativo a la Seguridad, que es necesario consolidar el sistema penitenciario, "con una visión humanitaria que permita, a través del fortalecimiento de la infraestructura y la mejora en sus programas, lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad; así como ampliar y modernizar sus instalaciones para disminuir la sobrepoblación".
Promete que "Se trabajará en la vinculación con los sectores privado y social para aumentar los programas de la industria penitenciaria con el propósito de otorgar trabajo a las personas privadas de su libertad, la certificación de las instituciones penitenciarias, la capacitación y mejora de las condiciones laborales del personal de custodia y administrativo, así como acrecentar los sistemas tecnológicos de control de acceso, video vigilancia, monitoreo y de inhibición de telefonía celular."
Con base en esta visión, muy útil deberá resultar a la Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, el reciente Informe de la CODHEM en el que si bien reconocen avances, ponen de relieve que persisten deficiencias, que se requiere implementar medidas concretas y oportunas, a efecto de garantizar el derecho a una estancia digna y segura en prisión (además de evitar que los penales vuelvan a dar dolores de cabeza a esta administración).
Luego de 46 visitas de supervisión integral entre 2016 y 2017 a diferentes Centros Penitenciarios, detectaron que persistían la sobrepoblación y hacinamiento; condiciones de reclusión insuficientes; escaso personal penitenciario; e inadecuada protección de personas con necesidades especiales y, adicionalmente, se documentó la existencia de cogobierno y autogobierno.
En dicho informe se precisan observaciones en materia de seguridad jurídica, sobre los derechos a una estancia digna y segura en prisión. Destaca la necesidad de garantizar que las condiciones de privación de libertad sean controladas de manera efectiva por las autoridades judiciales competentes; "elaborar estudios de cada centro penitenciario para determinar los recursos requeridos para separar a personas procesadas de las sentenciadas; el funcionamiento permanente y eficaz de la inhibición de señales de telefonía celular y de acceso a internet; reparar, dar mantenimiento e incrementar el equipo de cámaras de video vigilancia, rayos X y para la detección de objetos prohibidos".
Otras observaciones relativas al necesario incremento de personal de psiquiatría; convenios con empresas para crear oportunidades de trabajo y capacitación; evitar el uso de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como parte de las sanciones por infracciones a las normas; también figuran.
Es casi el mismo diagnóstico, pese a que está por cumplirse un año de este gobierno. Ojalá nos dieran la sorpresa con avances contundentes donde la inversión destinada a este sistema, brillara por sus efectos y no por sus defectos. Mucho le ayudarían a los mexiquenses y de paso al gobernador con una preocupación menos.
Promete que "Se trabajará en la vinculación con los sectores privado y social para aumentar los programas de la industria penitenciaria con el propósito de otorgar trabajo a las personas privadas de su libertad, la certificación de las instituciones penitenciarias, la capacitación y mejora de las condiciones laborales del personal de custodia y administrativo, así como acrecentar los sistemas tecnológicos de control de acceso, video vigilancia, monitoreo y de inhibición de telefonía celular."
Con base en esta visión, muy útil deberá resultar a la Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, el reciente Informe de la CODHEM en el que si bien reconocen avances, ponen de relieve que persisten deficiencias, que se requiere implementar medidas concretas y oportunas, a efecto de garantizar el derecho a una estancia digna y segura en prisión (además de evitar que los penales vuelvan a dar dolores de cabeza a esta administración).
Luego de 46 visitas de supervisión integral entre 2016 y 2017 a diferentes Centros Penitenciarios, detectaron que persistían la sobrepoblación y hacinamiento; condiciones de reclusión insuficientes; escaso personal penitenciario; e inadecuada protección de personas con necesidades especiales y, adicionalmente, se documentó la existencia de cogobierno y autogobierno.
En dicho informe se precisan observaciones en materia de seguridad jurídica, sobre los derechos a una estancia digna y segura en prisión. Destaca la necesidad de garantizar que las condiciones de privación de libertad sean controladas de manera efectiva por las autoridades judiciales competentes; "elaborar estudios de cada centro penitenciario para determinar los recursos requeridos para separar a personas procesadas de las sentenciadas; el funcionamiento permanente y eficaz de la inhibición de señales de telefonía celular y de acceso a internet; reparar, dar mantenimiento e incrementar el equipo de cámaras de video vigilancia, rayos X y para la detección de objetos prohibidos".
Otras observaciones relativas al necesario incremento de personal de psiquiatría; convenios con empresas para crear oportunidades de trabajo y capacitación; evitar el uso de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como parte de las sanciones por infracciones a las normas; también figuran.
Es casi el mismo diagnóstico, pese a que está por cumplirse un año de este gobierno. Ojalá nos dieran la sorpresa con avances contundentes donde la inversión destinada a este sistema, brillara por sus efectos y no por sus defectos. Mucho le ayudarían a los mexiquenses y de paso al gobernador con una preocupación menos.
