Oscar Glenn Comunicación
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Dos de cada tres familias necesitan mejor vivienda: Banco Mundial

Dos de cada tres familias necesitan mejor vivienda: Banco Mundial


30/03/2019 |   Toluca, Estado de México |   Redacción

Hasta hace unos años, Colombia estaba en los primeros lugares de la lista de déficit de viviendas nuevas en América Latina. Tras años de inversión y a través de programas de vivienda gratuita y el otorgamiento de generosos subsidios para incentivar la compra de vivienda, el país, al igual que en su momento Brasil, Chile y México, redujo significativamente su déficit cuantitativo de vivienda.

Hoy día, sin embargo, el problema es otro: la baja calidad y resiliencia de las construcciones. Según el Banco Mundial, dos de cada tres familias que tienen un problema de vivienda en América Latina necesitan una mejor, no una nueva.

¿Cómo detectar que una vivienda es de mala calidad? Hay cuatro aspectos básicos: estructura, acceso a servicios, calidad de la tenencia y ubicación.

En la región, este problema se agrava debido a la recurrencia y, sobre todo, la severidad de los desastres causados por fenómenos naturales, además de los altos costos de la reconstrucción que pueden llegar a ser entre 4 y 10 veces más altos que la prevención.

Por ejemplo, los daños y pérdidas a la vivienda ocasionados por desastres naturales entre 1998 y 2016 en Colombia ascendieron a 5.600 millones de dólares, vinculados a más de 30 mil emergencias que dejaron cerca de 1.7 millones de viviendas afectadas. Esta cifra es 65% mayor a todo lo que el gobierno invirtió en programas de vivienda desde 2012 y ni siquiera incluye los costos de vidas humanas perdidas y trastornadas por estos eventos.

Reacción

Ante este escenario, Colombia creó en 2018 el programa Casa Digna, Vida Digna para reforzar las estructuras y mejorar la calidad de las viviendas existentes en el país, a una fracción del costo de la construcción de una nueva. A través de este programa, el gobierno podrá salvar y mejorar la calidad de vida de la población y proteger los activos de las familias, sin perturbar drásticamente las dinámicas sociales y económicas.

Se estima que este programa beneficiará a cerca de medio millón de hogares que necesitan mejor vivienda, no una nueva.

“Un gran atributo del programa es su integralidad, pues contempla la tenencia legal de la vivienda, su seguridad física, la mejora de sus acabados y la calidad del entorno. También tiene la virtud de vincular a los gobiernos locales tanto en el diseño como en la implementación de las soluciones, sacando provecho de su mejor conocimiento del territorio, al tiempo que se profundiza el proceso de descentralización. Finalmente, su impacto social es notable, dado que la materialización de las metas permitirá sacar a un millón de colombianos de la pobreza multidimensional”, explica Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.

Para el actual cuatrienio, el gobierno se ha trazado una ambiciosa meta de 600 mil mejoramientos de viviendas, cifra que muchos analistas y expertos, sin embargo, consideran ambiciosa, dada la incertidumbre que todavía existe sobre la disponibilidad de financiamiento para el programa y por el complejo tejido institucional que deberá operar de forma fluida para llegar a la meta. Se espera que tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura realizarán mejoramientos de vivienda y contribuirán al cumplimiento de la meta.

Para Luis Triveño, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial, si bien las metas son ambiciosas, muestran el compromiso del gobierno para corregir aspectos de la política de vivienda del país que le daban la espalda a las familias de menores ingresos.

“Estas familias, lamentablemente, por décadas han construido su vivienda de forma incremental y sin la debida asistencia técnica. Con Casa Digna, Vida Digna, podrán finalmente acceder a mano amiga del Estado para que su vivienda no solo sea más cómoda, sino que también sea resiliente ante desastres naturales como los terremotos”, señala Triveño.

Con el ánimo de apoyar esta agenda de vivienda resiliente, el Banco Mundial elaboró un análisis del desempeño de los programas de vivienda para el Gobierno de Colombia y formuló recomendaciones para que la política de vivienda en el país sea más eficiente, resiliente y efectiva.

“Hemos analizado experiencias internacionales exitosas en la generación de suelo para la provisión de vivienda social bien localizada y en el despliegue de programas masivos de mejoramiento de vivienda que protejan a la población más vulnerable ante desastres naturales y eventos vinculados al cambio climático”, afirma Vanessa Velasco, especialista de Desarrollo Urbano del Banco Mundial.

Para apoyar al gobierno de Colombia en su esfuerzo por modernizar sus políticas y programas de vivienda, el Banco Mundial propuso reflexionar sobre los siguientes aspectos:

La existencia de un órgano rector que determine las acciones en materia de vivienda. Asimismo, la articulación y armonización de los distintos actores del Estado para mejorar su eficiencia.

La coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en las zonas más expuestas a riesgo de desastres para canalizar las inversiones.

El uso de la tecnología para la generación de sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto de los subsidios y planificar su asignación futura.

La calibración de los incentivos del Estado para promover la participación de hogares y el sector privado en el mejoramiento de vivienda y el arrendamiento.

La diversificación de productos financieros tanto para las familias como para los desarrolladores.

La racionalización de los programas de vivienda para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, para así orientar los recursos hacia los segmentos de más bajos ingresos.

La gestión del suelo que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de vivienda.

La integración de la gestión de desastres como parte de la política de vivienda y la utilización activa de los subsidios para promover el reasentamiento voluntario en zonas de riesgo no mitigables.



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