El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza dio a conocer que para este 2019 el Poder Judicial mexiquense ampliará las medidas de austeridad que aplica desde el inicio de su administración, que comprenden como mínimo reducción de los gastos en telefonía, vehículos, viáticos y adelgazamiento de la plantilla administrativa para fortalecer la prestación del servicio sustantivo de las áreas jurisdiccionales.
El presupuesto per cápita del Poder Judicial del Estado de México es casi 30% inferior a la media nacional, no obstante, el severo déficit de jueces mexiquenses, ya que en la entidad hay 6 veces menos jueces que la media internacional, que es de 16 jueces por cada 100 mil habitantes.
Puntualizó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México seguirá asumiendo, sin demérito de la calidad en la impartición de justicia, una política responsable de austeridad para el próximo año y detalló algunas acciones como las siguientes:
Ningún magistrado ni juez tendrá vehículo oficial. Se limitará el uso de los autos institucionales a lo estrictamente necesario. De igual forma, ningún juzgador contará con el servicio de telefonía celular pagado por la institución, potencializando al máximo el uso de la red interna y la telepresencia.
Medina Peñaloza también anunció que se revisará la plantilla administrativa para adelgazarla y, con ello, fortalecer la del personal jurisdiccional que realiza la función sustantiva de impartir justicia; se reducirán viáticos, gasolina y gastos de representación, entre otras medidas como la promoción del uso racional de la energía eléctrica, agua e insumos.
El presidente del Poder Judicial agregó que aunado a estas medidas de contención del gasto, se debe considerar el impulso redoblado del uso de la tecnología para hacer más eficientes diversos procesos jurídicos y administrativos, lo que permitirá lograr importantes ahorros en papel, traslados, combustibles y tiempo para la institución, pero sobre todo para beneficio de los ciudadanos.
El plan de austeridad 2019 del Poder Judicial del Estado de México se aplicará con el cuidado y responsabilidad necesarios para seguir atendiendo a más de 360 mil mexiquenses que acuden diariamente a los juzgados y edificios administrativos, así como a los más de 17 millones de mexiquenses en busca de la solución de conflictos.
El presupuesto per cápita del Poder Judicial del Estado de México es casi 30% inferior a la media nacional, no obstante, el severo déficit de jueces mexiquenses, ya que en la entidad hay 6 veces menos jueces que la media internacional, que es de 16 jueces por cada 100 mil habitantes.
Puntualizó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México seguirá asumiendo, sin demérito de la calidad en la impartición de justicia, una política responsable de austeridad para el próximo año y detalló algunas acciones como las siguientes:
Ningún magistrado ni juez tendrá vehículo oficial. Se limitará el uso de los autos institucionales a lo estrictamente necesario. De igual forma, ningún juzgador contará con el servicio de telefonía celular pagado por la institución, potencializando al máximo el uso de la red interna y la telepresencia.
Medina Peñaloza también anunció que se revisará la plantilla administrativa para adelgazarla y, con ello, fortalecer la del personal jurisdiccional que realiza la función sustantiva de impartir justicia; se reducirán viáticos, gasolina y gastos de representación, entre otras medidas como la promoción del uso racional de la energía eléctrica, agua e insumos.
El presidente del Poder Judicial agregó que aunado a estas medidas de contención del gasto, se debe considerar el impulso redoblado del uso de la tecnología para hacer más eficientes diversos procesos jurídicos y administrativos, lo que permitirá lograr importantes ahorros en papel, traslados, combustibles y tiempo para la institución, pero sobre todo para beneficio de los ciudadanos.
El plan de austeridad 2019 del Poder Judicial del Estado de México se aplicará con el cuidado y responsabilidad necesarios para seguir atendiendo a más de 360 mil mexiquenses que acuden diariamente a los juzgados y edificios administrativos, así como a los más de 17 millones de mexiquenses en busca de la solución de conflictos.
