La construcción del Tren Maya no implica desplazamiento, explotación y mucho menos la colonización de los pueblos y las comunidades indígenas; por el contrario, su trayecto respetará su integridad cultural y territorial, afirmó Adelfo Regino Montes.
El próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señaló que "el nuevo Gobierno de la República de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades".
Recordó que una cosa es la consulta ciudadana programada para los días 24 y 25 de noviembre, que tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, en la que se preguntará a la población si está de acuerdo o no con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos el Tren Maya.
Otra consulta será para conocer la voz de cada comunidad en alguno de los cinco estados por donde se edificará el proyecto: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, a lo largo de sus mil 500 metros de construcción, lo que permitirá detonar el desarrollo económico, social y cultural del sureste mexicano.
"Hay que distinguir lo que es una consulta ciudadana y una consulta indígena. En la primera se pide la opinión de la ciudadanía en ejercicio de un derecho individual. En el caso de la segunda, es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", expresó.
El también exsecretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, resaltó que los pormenores de la consulta indígena "es un tema que en su momento anunciará, se hará público y de conformidad con las definiciones, las decisiones de los propios pueblos indígenas asentados en la península de Yucatán".
Sin embargo, lamentó que México carezca de una ley que reglamente el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que "para tal efecto, seguramente construiremos un protocolo específico que establezca los principios, procedimientos y mecanismos para realizar el proceso de consulta relacionada con el proyecto de referencia".
El próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señaló que "el nuevo Gobierno de la República de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades".
Recordó que una cosa es la consulta ciudadana programada para los días 24 y 25 de noviembre, que tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, en la que se preguntará a la población si está de acuerdo o no con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos el Tren Maya.
Otra consulta será para conocer la voz de cada comunidad en alguno de los cinco estados por donde se edificará el proyecto: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, a lo largo de sus mil 500 metros de construcción, lo que permitirá detonar el desarrollo económico, social y cultural del sureste mexicano.
"Hay que distinguir lo que es una consulta ciudadana y una consulta indígena. En la primera se pide la opinión de la ciudadanía en ejercicio de un derecho individual. En el caso de la segunda, es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", expresó.
El también exsecretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, resaltó que los pormenores de la consulta indígena "es un tema que en su momento anunciará, se hará público y de conformidad con las definiciones, las decisiones de los propios pueblos indígenas asentados en la península de Yucatán".
Sin embargo, lamentó que México carezca de una ley que reglamente el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que "para tal efecto, seguramente construiremos un protocolo específico que establezca los principios, procedimientos y mecanismos para realizar el proceso de consulta relacionada con el proyecto de referencia".
