Afirmó que la creación de sanciones penales en el Código Federal como el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo, representa una medida idónea para proteger el derecho a la vida, a la vivienda y a la seguridad.
Expuso que la ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, matan, y si eso ocurre al ignorarse el reglamento de construcción, qué se esperan en zonas de alto riesgo sísmico como Oaxaca, Chiapas o Guerrero.
Asimismo, planteó inhabilitar del cargo, hasta por cinco años, al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice construcciones o asentamientos irregulares.