El integrante del Secretariado Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Martínez Vargas, aseveró que lo que procede por este delito es la extinción del dominio, es decir, la gasolinera pasa a manos del Estado, con el propósito de combatir a la delincuencia en sus estructuras económicas y patrimoniales, evitando así que los delincuentes continúen utilizando los objetos, instrumentos o el producto de sus actividades ilícitas.
Asimismo exhortó a las dependencias respectivas, además de la PGR a la Secretaría de Energía, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público y Pemex, a investigar las redes de corrupción y complicidad que puedan existir con el cuñado o familiares de Luis Miranda.
De igual manera, conminó, rastrear otras propiedades que pudieran ser adquiridas y utilizadas para la venta de combustible robado a la nación.
Subrayó que es lamentable que uno de los hombres más cercanos al presidente Peña Nieto tenga familiares que se dediquen a la venta de hidrocarburo robado; "esto ejemplifica la profunda corrupción que existe en nuestro país", señaló.
"El Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, debe de deslindarse de inmediato de los actos de sus familiares", destacó, "y exigir justicia, trátese de quien se trate, que se castigue con apego a la legalidad a su cuñado y a su hermana", recalcó el Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas.