Mejorar el marco jurídico de la función notarial y con ello la prestación de sus servicios, así como fortalecer la certeza jurídica de los bienes y derechos de las y los usuarios, son los objetivos de las reformas a la Ley de Notariado del Estado de México, avaladas por la Legislatura estatal.
Con estas reformas, los notarios también tendrán a su cargo la función de orden público relativa a tramitar procedimientos de conciliación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, además de que el curso de formación de aspirantes a notario se impartirá a través del Instituto de Estudios Notariales.
También disuelven el Fondo de Garantía del Notariado, incrementan el monto de la fianza que se otorga en favor del Gobierno del estado y amplían a tres años la obligación de mantenerla vigente por quienes se separen de la función notarial en forma definitiva por cualquier causa, para responder a las obligaciones económicas derivadas del ejercicio de su función.
Entre otros aspectos, el dictamen presentado por el diputado Edgar Ignacio Beltrán García (PRI), también posibilita el patrocinio a los interesados de los procedimientos judiciales o administrativos para obtener el registro de instrumentos otorgados ante su fe, con excepciones previstas en la propia ley.
Con estas reformas, los notarios también tendrán a su cargo la función de orden público relativa a tramitar procedimientos de conciliación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, además de que el curso de formación de aspirantes a notario se impartirá a través del Instituto de Estudios Notariales.
También disuelven el Fondo de Garantía del Notariado, incrementan el monto de la fianza que se otorga en favor del Gobierno del estado y amplían a tres años la obligación de mantenerla vigente por quienes se separen de la función notarial en forma definitiva por cualquier causa, para responder a las obligaciones económicas derivadas del ejercicio de su función.
Entre otros aspectos, el dictamen presentado por el diputado Edgar Ignacio Beltrán García (PRI), también posibilita el patrocinio a los interesados de los procedimientos judiciales o administrativos para obtener el registro de instrumentos otorgados ante su fe, con excepciones previstas en la propia ley.
