La violencia familiar será investigada de oficio, es decir sin requerimiento o solicitud de la o a las víctimas, además de que la violencia en el noviazgo, política y la obstétrica serán consideradas modalidades de violencia de género, de acuerdo con la iniciativa que se espera sea aprobada este lunes en el pleno de la Legislatura Mexiquense que abre un periodo extraordinario de sesiones para procesar éste y otros asuntos.
Después que Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 59 Legislatura mexiquense aprobaron el viernes reformas a diversos ordenamientos, se logrará agilizar las investigaciones y fortalecer el combate a las agresiones contra la mujer, fortalecer la figura de los enlaces municipales en el Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, y también facilitar el acceso a la información requerida a los municipios por parte de las autoridades y dependencias federales, estatales y las asociaciones civiles que participan en la Declaratoria de Alerta de Género.
Las reformas implican una mejor coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para actualizar de forma constante el banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de tener localizadas las zonas geográficas con mayor índice delictivo y actuar de manera inmediata a favor de las mujeres, niños y niñas mexiquenses.
Además, establecen como obligaciones del Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora en todos los casos en que la FGJEM tenga conocimiento de delitos relacionados con violencia de género para actuar de manera inmediata con medidas de protección a las víctimas, además de establecer instrumentos legales para vigilar que el desempeño de servidores públicos sea adecuado.
El dictamen incluye reformas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, así como a las leyes que crean la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado de México, además del Código Penal de la entidad.
Después que Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 59 Legislatura mexiquense aprobaron el viernes reformas a diversos ordenamientos, se logrará agilizar las investigaciones y fortalecer el combate a las agresiones contra la mujer, fortalecer la figura de los enlaces municipales en el Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, y también facilitar el acceso a la información requerida a los municipios por parte de las autoridades y dependencias federales, estatales y las asociaciones civiles que participan en la Declaratoria de Alerta de Género.
Las reformas implican una mejor coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para actualizar de forma constante el banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de tener localizadas las zonas geográficas con mayor índice delictivo y actuar de manera inmediata a favor de las mujeres, niños y niñas mexiquenses.
Además, establecen como obligaciones del Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora en todos los casos en que la FGJEM tenga conocimiento de delitos relacionados con violencia de género para actuar de manera inmediata con medidas de protección a las víctimas, además de establecer instrumentos legales para vigilar que el desempeño de servidores públicos sea adecuado.
El dictamen incluye reformas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, así como a las leyes que crean la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado de México, además del Código Penal de la entidad.
