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Deber del estado, garantizar derechos económicos, sociales y culturales

Deber del estado, garantizar derechos económicos, sociales y culturales

Son un mínimo requerido para vivir dignamente
12/05/2017 |   Toluca

Los derechos económicos, sociales y culturales como el acceso a la salud, vivienda, al trabajo o educación de calidad, deben ser garantizados por el Estado, para cumplir con el mínimo requerido, a fin de que todos los habitantes de un país tengan un nivel de vida digno, afirmó el ombudsman Baruch Delgado Carbajal.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señaló que esas prerrogativas deben ser exigibles ante autoridades y tribunales, en vista de que tienen que cumplirse en lo individual y colectivo, a través de políticas públicas integrales dirigidas a los grupos sociales sin distinción o restricción.

Durante la presentación del libro “Constitucionalismo y Justiciabilidad de los derechos sociales, Estudio Comparado Internacional y Leading Cases a través del Juicio de Amparo en México”, del investigador Isaac de Paz González, dijo que la doctrina constitucional impone al Estado la obligación de satisfacer necesidades básicas que corresponden a la existencia digna de una persona, en un sentido de urgencia que justifica a los jueces intervenir para hacer realidad de manera objetiva y clara, los derechos sociales, económicos y culturales, además de hacer efectivas las libertades clásicas, aún no plenamente satisfechas.

En un panel en el que participaron como comentaristas la magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación, María de Lourdes Mendoza y el primer visitador general de la Codhem, Miguel Ángel Cruz Muciño, el autor expuso que su obra pretende colaborar desde la perspectiva académica a la difusión de temas urgentes de la agenda de los derechos humanos, con un enfoque pragmático que ofrezca soluciones a problemas actuales.

Expuso que poco a poco se van superando objeciones jurídicas y prácticas para el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos sociales, los cuales deberían cumplirse por mandato constitucional y ser reclamados preferentemente a nivel administrativo y en su defecto, en un juzgado civil o mercantil, incluso a través del amparo.

Indicó que las demandas colectivas funcionan bien en materia de derechos sociales, en especial en la defensa al consumidor, en casos como la publicidad engañosa, ya que se trata de amparos novedosos que pueden ayudar a encauzar litigios para hacerlos una realidad.







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