Al promulgar la reforma constitucional para el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el gobernador del Estado de México consideró que la aprobación de esta iniciativa es un parteaguas en la historia estatal, así como un logro de la sociedad mexiquense y del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues esta reforma es motivo para continuar consolidando el combate a la corrupción que se lleva a cabo en la entidad, además sumarse a los esfuerzos que el Sistema Nacional Anticorrupción realiza en todo el país.
El mandatario mexiquense destacó que la iniciativa establece la obligación de los servidores públicos de presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y la Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, conocida como Ley 3 de 3, pues la intención es garantizar a la ciudadanía que el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de cada funcionario de gobierno estará apegado a la legalidad, ya que en caso opuesto se aplicarán sanciones a quienes incurran en actos de corrupción.
Explicó que esta reforma, aprobada por todas las fracciones parlamentarias del Congreso local, contempla la posibilidad de que los ciudadanos perjudicados por algún acto de corrupción, cometido por un servidor público, puedan demandar a la institución correspondiente y recibir una indemnización, así como la obligatoriedad de ofrecer trámites y servicios gubernamentales a través de internet, para evitar actos de corrupción y ahorrar tiempo a las personas.
El mandatario mexiquense destacó que la iniciativa establece la obligación de los servidores públicos de presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y la Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, conocida como Ley 3 de 3, pues la intención es garantizar a la ciudadanía que el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de cada funcionario de gobierno estará apegado a la legalidad, ya que en caso opuesto se aplicarán sanciones a quienes incurran en actos de corrupción.
Explicó que esta reforma, aprobada por todas las fracciones parlamentarias del Congreso local, contempla la posibilidad de que los ciudadanos perjudicados por algún acto de corrupción, cometido por un servidor público, puedan demandar a la institución correspondiente y recibir una indemnización, así como la obligatoriedad de ofrecer trámites y servicios gubernamentales a través de internet, para evitar actos de corrupción y ahorrar tiempo a las personas.
