También recibió las iniciativas del titular del Ejecutivo estatal sobre reformas en materia penal y de administración de justicia, y para crear la Ley del Instituto de Verificación Administrativa.
Atender la demanda social de contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes y honestas que procuren un real acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y cumplir lo que establece la Constitución estatal respecto de la organización del Ministerio Público como una Fiscalía General de Justicia, es el objetivo de la iniciativa que la 59 Legislatura mexiquense recibió del gobernador Eruviel Ávila Villegas para expedir la Ley de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
En sesión del Cuarto Periodo Ordinario presidida por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), la legisladora Patricia Durán Reveles (Movimiento Ciudadano) presentó la iniciativa para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sea un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y que se conducirá bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.
De acuerdo con el documento, enviado para su estudio y dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, se regulan las funciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en el ejercicio de la acción penal, para la conducción y mando de la investigación, para la aplicación de formas de solución alterna del procedimiento y de terminación anticipada del proceso, en la protección, asistencia y representación, así como en materia concurrente, incompetencia y colaboración.
La Fiscalía, que sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se integrará con el patrimonio de ésta, y su personal operativo deberá
someterse al procedimiento de evaluación para migrar a la Fiscalía General de Justicia que comprende la certificación vigente de control de confianza, de competencias profesionales y evaluación del desempeño. En caso de ser aprobada, el proceso de migración deberá realizarse en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley.
REFORMAS EN MATERIA PENAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Correspondió a la legisladora Leticia Mejía García (PRI) dar lectura a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución estatal, del Código Penal, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de México, para realizar las actualizaciones pertinentes con criterios de constitucionalidad vigentes, a propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
La reforma al artículo 77 constitucional propone eliminar la facultad del Ejecutivo de conmutar las penas privativas de la libertad, por ser propia del Poder Judicial, y respecto de la Ley de Indulto se propone posibilitar que las mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de diez años y que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años y hayan cumplido una quinta parte, accedan al beneficio del indulto que otorga la citada Ley.
La reforma al Código Penal tiene por objetivo eliminar los tipos penales y sanciones relacionados con el delito del secuestro, por ser competencia del Congreso de la Unión y la Ley General en la materia.
Mantiene la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado por establecer la coordinación en materia de información, prevención, atención y combate de ese delito, y se propone la derogación de los numerales 106 quintus del Código Penal del Estado de México y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la invasión de la facultad constitucional del Congreso General para expedir la legislación única en materia procedimental penal.
La iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PROPONE EJECUTIVO ESTATAL CREACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Evaluar permanentemente los procedimientos y estrategias de la administración pública, a fin de consolidar aquellas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear las que resultan insuficientes para tal propósito, es el objetivo de la iniciativa de Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, recibida por la 59 Legislatura mexiquense y propuesta por el titular del Ejecutivo estatal.
Conforme al documento presentado a la Asamblea por la diputada María Pérez López (Nueva Alianza) propone crear el Instituto como un organismo desconcentrado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones, el cual, bajo los principios rectores de legalidad, seguridad jurídica y transparencia, realizará verificaciones administrativas en las materias de protección civil, salud, desarrollo urbano, infraestructura, desarrollo económico, movilidad y medio ambiente, entre otras.
Su objetivo principal será vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades administrativas en diversos ámbitos a través de procedimientos que otorguen certidumbre jurídica, confianza y transparencia, además de aumentar el fomento de la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.
Fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.
En sesión del Cuarto Periodo Ordinario presidida por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), la legisladora Patricia Durán Reveles (Movimiento Ciudadano) presentó la iniciativa para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sea un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y que se conducirá bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.
De acuerdo con el documento, enviado para su estudio y dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, se regulan las funciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en el ejercicio de la acción penal, para la conducción y mando de la investigación, para la aplicación de formas de solución alterna del procedimiento y de terminación anticipada del proceso, en la protección, asistencia y representación, así como en materia concurrente, incompetencia y colaboración.
La Fiscalía, que sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se integrará con el patrimonio de ésta, y su personal operativo deberá
someterse al procedimiento de evaluación para migrar a la Fiscalía General de Justicia que comprende la certificación vigente de control de confianza, de competencias profesionales y evaluación del desempeño. En caso de ser aprobada, el proceso de migración deberá realizarse en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley.
REFORMAS EN MATERIA PENAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Correspondió a la legisladora Leticia Mejía García (PRI) dar lectura a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución estatal, del Código Penal, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de México, para realizar las actualizaciones pertinentes con criterios de constitucionalidad vigentes, a propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
La reforma al artículo 77 constitucional propone eliminar la facultad del Ejecutivo de conmutar las penas privativas de la libertad, por ser propia del Poder Judicial, y respecto de la Ley de Indulto se propone posibilitar que las mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de diez años y que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años y hayan cumplido una quinta parte, accedan al beneficio del indulto que otorga la citada Ley.
La reforma al Código Penal tiene por objetivo eliminar los tipos penales y sanciones relacionados con el delito del secuestro, por ser competencia del Congreso de la Unión y la Ley General en la materia.
Mantiene la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado por establecer la coordinación en materia de información, prevención, atención y combate de ese delito, y se propone la derogación de los numerales 106 quintus del Código Penal del Estado de México y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la invasión de la facultad constitucional del Congreso General para expedir la legislación única en materia procedimental penal.
La iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PROPONE EJECUTIVO ESTATAL CREACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Evaluar permanentemente los procedimientos y estrategias de la administración pública, a fin de consolidar aquellas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear las que resultan insuficientes para tal propósito, es el objetivo de la iniciativa de Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, recibida por la 59 Legislatura mexiquense y propuesta por el titular del Ejecutivo estatal.
Conforme al documento presentado a la Asamblea por la diputada María Pérez López (Nueva Alianza) propone crear el Instituto como un organismo desconcentrado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones, el cual, bajo los principios rectores de legalidad, seguridad jurídica y transparencia, realizará verificaciones administrativas en las materias de protección civil, salud, desarrollo urbano, infraestructura, desarrollo económico, movilidad y medio ambiente, entre otras.
Su objetivo principal será vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades administrativas en diversos ámbitos a través de procedimientos que otorguen certidumbre jurídica, confianza y transparencia, además de aumentar el fomento de la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.
Fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.
