Este 30 de agosto se conmemoró el "dia internacional de las desapariciones forzadas", que pretende concientizar a la sociedad de este grave problema.
Esta fecha fue convocada por la ONU en diciembre del 2010.
Sin embargo, el incremento de las desapariciones forzadas en México ha crecido y la ONU calcula este índice en 27,000 personas y por su parte, el Registro Nacional de Personas no Localizadas y Desaparecidas estima hasta 2016 un total de 24 mil 288 casos en el "fuero común" y 794 en el "fuero federal".
Estas cifras son aterradoras y significa que igual número de familias mexicanas viven una tragedia por la ausencia de un familiar y todas las suposiciones que se pueden derivar de este hecho. La lógica nos dice que deben haber sido víctimas de la delincuencia organizada o de funcionarios policiacos.
El incremento en el descubrimiento de fosas repletas de cadáveres y que cada vez más estas sean descubiertas por los familiares de personas desaparecidas, nos refleja la insensibilidad de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El descubrimiento de la fosa común creada por las autoridades del Estado de Morelos, donde depositaban los cadáveres de las víctimas no identificadas, nos habla de desinterés e irresponsabilidad. Poco interés por localizar a los deudos y así frenar la angustia y propiciar el duelo que llevará a la familia a la aceptación del hecho.
Sin embargo, inadmisible es que en este contexto de riesgo al que vive expuesta la sociedad mexicana, siga existiendo la política de esperar 72 horas a partir de que se presume la desaparición de una persona, para que las autoridades judiciales inicien averiguaciones.
Significa desperdiciar las 72 horas más valiosas para localizar a una posible víctima y quizá salvarle la vida. Preferible que el equipo judicial empiece a investigar y quizá luego aparezca "quien estaba ausente". A final de cuentas lo que se desperdicia es el tiempo invertido por los funcionarios públicos, lo cual es preferible a desperdiciar estas 72 horas que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El modo sarcástico con que las autoridades toman estas 72 horas y su actitud carente de compromiso, cuando los familiares se acercan al Ministerio Público a notificar este hecho, nos debe llevar a exigir una modificación a nivel legislativo.
"Seguro su hija (o hijo), se escapó con el novio y luego aparecerá". "Seguramente su hijo (o marido, o hermano) anda de parranda". Estereotipos como estos en boca de funcionarios públicos debiesen ser tipificados como ofensivos y generar un castigo fuerte.
La grave problemática de inseguridad que hoy vivimos, amerita un replanteamiento jurídico en busca de soluciones para resolver este contexto impensable hasta hace muy pocos años atrás.
El marco jurídico que hasta hoy opera responde a lo que sucedía un México muy diferente al de hoy.
En México hay una crisis humanitaria y los funcionarios públicos la ignoran.
Muy complejo es el contexto actual, pero es necesario exigir soluciones que deben iniciar en el ámbito legislativo.
Lo primero debe ser derogar la restricción de esperar 72 horas a partir de la desaparición de una persona para iniciar las averiguaciones previas.
Síguenos en:
Twitter: https://twitter.com/homsricardo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEaRBD6tsvHmrTooRK0USoA
Linkedin: https://mx.linkedin.com/in/ricardo-homs-3920449
El Universal: http://blogs.eluniversal.com.mx/irrevere/
Facebook: https://www.facebook.com/RICARDO-HOMS-168158357483/
Esta fecha fue convocada por la ONU en diciembre del 2010.
Sin embargo, el incremento de las desapariciones forzadas en México ha crecido y la ONU calcula este índice en 27,000 personas y por su parte, el Registro Nacional de Personas no Localizadas y Desaparecidas estima hasta 2016 un total de 24 mil 288 casos en el "fuero común" y 794 en el "fuero federal".
Estas cifras son aterradoras y significa que igual número de familias mexicanas viven una tragedia por la ausencia de un familiar y todas las suposiciones que se pueden derivar de este hecho. La lógica nos dice que deben haber sido víctimas de la delincuencia organizada o de funcionarios policiacos.
El incremento en el descubrimiento de fosas repletas de cadáveres y que cada vez más estas sean descubiertas por los familiares de personas desaparecidas, nos refleja la insensibilidad de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El descubrimiento de la fosa común creada por las autoridades del Estado de Morelos, donde depositaban los cadáveres de las víctimas no identificadas, nos habla de desinterés e irresponsabilidad. Poco interés por localizar a los deudos y así frenar la angustia y propiciar el duelo que llevará a la familia a la aceptación del hecho.
Sin embargo, inadmisible es que en este contexto de riesgo al que vive expuesta la sociedad mexicana, siga existiendo la política de esperar 72 horas a partir de que se presume la desaparición de una persona, para que las autoridades judiciales inicien averiguaciones.
Significa desperdiciar las 72 horas más valiosas para localizar a una posible víctima y quizá salvarle la vida. Preferible que el equipo judicial empiece a investigar y quizá luego aparezca "quien estaba ausente". A final de cuentas lo que se desperdicia es el tiempo invertido por los funcionarios públicos, lo cual es preferible a desperdiciar estas 72 horas que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El modo sarcástico con que las autoridades toman estas 72 horas y su actitud carente de compromiso, cuando los familiares se acercan al Ministerio Público a notificar este hecho, nos debe llevar a exigir una modificación a nivel legislativo.
"Seguro su hija (o hijo), se escapó con el novio y luego aparecerá". "Seguramente su hijo (o marido, o hermano) anda de parranda". Estereotipos como estos en boca de funcionarios públicos debiesen ser tipificados como ofensivos y generar un castigo fuerte.
La grave problemática de inseguridad que hoy vivimos, amerita un replanteamiento jurídico en busca de soluciones para resolver este contexto impensable hasta hace muy pocos años atrás.
El marco jurídico que hasta hoy opera responde a lo que sucedía un México muy diferente al de hoy.
En México hay una crisis humanitaria y los funcionarios públicos la ignoran.
Muy complejo es el contexto actual, pero es necesario exigir soluciones que deben iniciar en el ámbito legislativo.
Lo primero debe ser derogar la restricción de esperar 72 horas a partir de la desaparición de una persona para iniciar las averiguaciones previas.
Síguenos en:
Twitter: https://twitter.com/homsricardo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEaRBD6tsvHmrTooRK0USoA
Linkedin: https://mx.linkedin.com/in/ricardo-homs-3920449
El Universal: http://blogs.eluniversal.com.mx/irrevere/
Facebook: https://www.facebook.com/RICARDO-HOMS-168158357483/
